Guerra entre instituciones por los cambios que la Comunidad hizo en el Plan General

La unanimidad de los tres grupos municipales (PP, PSOE e IU) al cuestionar la legalidad de la actuación de la Comunidad al corregir el Plan General de Madrid ha abierto la guerra entre las instituciones. La decisión del pleno de pedir un informe jurídico sobre si es legal lo hecho por el Gobierno regional recibió contestación. "La Comunidad tiene plenas competencias para modificar el Plan General", afirmó el portavoz adjunto del PSOE, Juan Antonio Ruiz. "Todo es legal y el alcalde lo sabe", remachó el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés.

El Plan General de Madrid, que ha costado cinco años de trabajos y 7.500 millones de pesetas, mantiene enfrentados a los políticos regionales y municipales un mes después de su aprobación definitiva.El Ejecutivo regional optó por eliminar del Plan General cerca de 1.500 viviendas caras en zonas de alto valor ecológico (Aravaca, Monte del Pilar, El Pardo ... ) y dejó pendientes otras operaciones que afectaban no sólo a Madrid, sino a otras localidades fronterizas e instituciones públicas. El Gobierno regional se basó en informes de impacto medioambiental, en la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico y en sus propias competencias sobre ordenación territorial para aprobar las modificaciones.

Los grupos municipales de Madrid unieron sus votos el martes para cuestionar la legalidad de esta decisión del Gobierno regional.

Hasta el Partido Popular se sumó a esta iniciativa contra el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón cuando aceptó, a propuesta del grupo municipal socialista, encargar un informe jurídico para conocer si hubo alguna ilegalidad en el proceso. Los tres grupos plantearon la posibilidad de una extralimitación de funciones de la Comunidad y defendieron la autonomía municipal.

"El alcalde lo sabe"

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, primera autoridad urbanística de la región, zanjó ayer la cuestión con un mensaje contundente al gobierno municipal: "Lo que hemos hecho es legal y el alcalde lo sabe".Por si no había quedado claro, Cortés encargó ayer mismo a los juristas de la Comunidad que revisaran la Ley regional de Suelo y que estudiarán el proceso seguido con el Plan General de Madrid. "Todo ha sido perfectamente legal, según nuestros expertos jurídicos", afirmó Cortes.

El portavoz adjunto socialista, Juan Antonio Ruiz Castillo, que rechaza el Plan General (el elaborado por Álvarez del Manzano y el aprobado con correcciones por Ruiz-Gallardón), mantiene que las competencias urbanísticas para modificar los planes generales corresponden a la Comunidad de Madrid. Y añade: "Después de la sentencia de Tribunal Constitucional contra la Ley nacional del Suelo, que ratifica que las autonomías tienen plena capacidad urbanística, por encima incluso de la Administración central, es todavía más claro. Otra cosa es que en el proceso se hayan producido incorrecciones formales. Pero es incomprensible que después de gastados 7.500 millones se puedan pedir nuevos informes jurídicos. Desde mi punto de vista, las actuaciones del Gobierno regional están de acuerdo con la legalidad vigente".

El grupo parlamentario de IU también defiende las competencias autonómicas para modificar el Plan General, pero apunta una posible anomalía. Juan Ramón Sanz, diputado de la coalición, cree que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho una excepción con la capital que podría invalidar todo el proceso. "He participado durante ocho años en la comisión regional de urbanismo. Cuando la Comunidad entendía que eran necesarias modificaciones, optaba por suspender la aprobación del plan, se lo devolvía al Ayuntamiento afectado, y hasta que no se corrigiese esa situación no lo aprobaba definitivamente. En Madrid, pese a todas las modificaciones introducidas por, la Comunidad, en lugar de suspender, se optó por aprobar el Plan General condicionado a determinadas correcciones".

El consejero de Obras Públicas asegura que su departamento ha aprobado numerosos planes con la misma fórmula empleada para Madrid. También reconoce que, en otras ocasiones, se suspendió la aprobación de un plan hasta que no se subsanaron las deficiencias encontradas. "Pero en la mayoría de los casos se ha seguido la misma vía que con Madrid".