El PSOE intentará que su congreso no se centre a la figura del 'número dos'

La creación de empleo, una Europa social y solidaria, las reformas de la justicia, los cambios fiscales, la articulación de España y el recorte de libertades y normas de comportamiento ético son las materias principales sobre las que discutirán los mil delegados que asistirán del 20 al 22 de junio al 34º congreso del PSOE. Los dirigentes felipistas persiguen que las 7.000 enmiendas presentadas a los textos oficiales puedan crear un nivel de debate suficiente como para que esos tres días no se reduzcan a la cuestión de ¿qué pasa con Alfonso Guerra, hasta ahora vicesecretario general?"Tenemos humildemente que reconocer la existencia en nuestras filas de muchos más interrogantes que respuestas". A modo de declaración de principios, Joaquín Almunia, el coordinador de la ponencia-marco, adelanta que nadie espere un catálogo de medidas concretas de inminente propuesta en el Parlamento. El programa electoral del PSOE de 1996 "sigue vigente", por lo que Almunia enmarca esta cita en el contexto de las discusiones tranquilas para articular posibles respuestas a los problemas.

Es más que probable, sin embargo, que haya puntos de fricción sobre la España de las autonomías. Los puntos de vista de los socialistas catalanes y los vascos se muestran algo distantes de los del resto. Una y otra vez se pospone en el PSOE esta tema a sabiendas de que pueden saltar chispas. En el congreso sí se abordará. Por contra, no se prevé que haya disputa, sino intercambio de ideas en casi todos los demás. Las posibles formas de creación de empleo, incluyendo el reparto del tiempo de trabajo, consumirán muchas horas de debate, así como las reformas tributarias para que sea posible el mantenimiento en el futuro de los servicios sociales.

La corriente Izquierda Socialista se muestra como el único grupo organizado del PSOE que ha elaborado un texto alternativo a la resolución política. Sus criterios son muy críticos con el análisis del Gobierno de Felipe González no en políticas sociales y económicas, pues las estiman adecuadas, sino en todos los episodios relacionados con los GAL y la relajación de costumbres que llevó a algunos a apropiarse de recursos públicos.

Las juventudes socialistas han elaborado, por su parte, un proyecto pidiendo "un pacto social y generacional". Quieren para ellas la democracia paritaria en los órganos de dirección, es decir el 40% de las sillas. Esta reivindicación la han obtenido ya las mujeres porque así figura en los textos oficiales y nadie los ha enmendado.

Los catalanes, a través de Luis Miquel Pérez, presentan un código ético en el que destaca que cualquier afiliado afectado "por una medida o resolución judicial" informe a la dirección. De ser inculpado o procesado, tendrá que poner el cargo a su disposición y, luego, de ser absuelto, se le repondrá en él "con todos los honores".