Interior admite que la Guardia Civil investigó cuantos profesores iban a manifestarse contra el Gobierno

La Guardia Civil de Cáceres estuvo movilizada durante 48 horas para investigar en las escuelas de esta provincia cuántos profesores tenían planeado trasladarse a Madrid para participar el pasado día 17 en la manifestación en defensa de la enseñanza pública y contra la política educativa del Gobierno, según reconoció ayer el viceministro para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. Éste asegura que la iniciativa fue adoptada personalmente, "por sí y ante sí", por el jefe accidental de la 132 Comandancia, José Antonio Hurtado, sin que se lo hubiera ordenado ninguna autoridad del Ministerio del Interior. Martí Fluxá considera que el comandante Hurtado pudo incurrir en "un exceso de celo" y ha ordenado una investigación.

El comandante Hurtado, jefe accidental de la Guardia Civil de Cáceres, cursó el pasado día 13 una circular a los capitanes jefes de las seis compañías de su demarcación. "Interesa conocer antes de las 12 horas del día 15 el número de vehículos y personas que puedan desplazarse a Madrid" con motivo de la manifestación convocada por distintos sindicatos de la enseñanza para el día 17 de mayo, se indicaba en la circular, sin especificar el método a usar para averiguar estos datos.Algunos de los convocantes de la marcha, como FETE-UGT, CC OO y asociaciones de padres y estudiantiles, consideran que la actuación de la Guardia Civil choca "con las libertades individuales recogidas en la Constitución", además de ser "una instrumentalización de las fuerzas de seguridad para reventar la manifestación".

Durante 48 horas, los guardias de Cáceres se dedicaron a telefonear, o a visitar en persona, a los directores de los colegios de su demarcación para averiguar cuántos profesores pensaban ir a la manifestación. Con los datos obtenidos, el comandante Hurtado envió al general Antonio Blanes García, jefe de la Zona, un fax en el que le informaba de que el día 17 se desplazarían a Madrid "un autobús de Coria y tres de Cáceres, que se reunirán en Navalmoral de la Mata, y desde allí proseguirán viaje hasta Madrid".

Según el viceministro Martí Fluxà, la información recopilada por la Guardia Civil de Cáceres no fue trasladada ni al subgobernador de la provincia, ni al delegado del Gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, ni a ninguna autoridad política. "Desde el Ministerio no se ordenó jamás que se hiciera esta información", dice Martí Fluxà, quien cree que Hurtado lo hizo "basándose en otras instrucciones vagas" existentes en la Guardia Civil con anterioridad.

Prevención

El número dos de Interior cree que este tipo de gestiones las realiza la Guardia Civil "de forma rutinaria y mecánica", simplemente a efectos de control de carreteras y prevención de potenciales incidentes ante manifestaciones u otras movilizaciones ciudadanas.Según Martí Fluxà, en el instituto armado consta que desde el 26 de noviembre de 1991 hasta hoy se han difundido 34 circulares en las que se ordenaba a los agentes que hicieran indagaciones sobre diversas movilizaciones para prevenir posibles alteraciones del tráfico o la seguridad ciudadana. Por ejemplo, tal medida fue adoptada durante anteriores mandatos socialistas. con ocasión de huelgas en el sector del transporte y otras protestas en la sanidad, la enseñanza o la banca privada.

El responsable de la Seguridad del Estado asegura que la investigación realizada ahora en la provincia de Cáceres "no pretendía conocer la identidad de las personas que pudieran asistir a la manifestación de Madrid, sino el número aproximado y el número de vehículos" en que se desplazarían. Interior no tiene constancia de que la Guardia Civil haya hecho lo mismo en otras comunidades.

No hubo información

Según Martí Fluxà, él conoció estos hechos a través de la prensa, ya que el comandante Hurtado actuó de forma autónoma y no informó ni al director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, ni al delegado del Gobierno en Extremadura, Óscar Baselga, ni siquiera al subdelegado del Gobierno en Cáceres.El presunto espionaje sobre los profesores trascendió esta semana a los medios de comunicación después de la denuncia realizada en la cadena SER por el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El grupo socialista pedirá la comparecencia parlamentaria del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Baselga, al cual acusa de ser responsable de la operación del instituto armado.

Baselga, que juzga "extraordinariamente correcta y efectiva" la actuación policial, arremetió contra los socialistas, a los que llamó "compañeros de viaje de terroristas de Estado" [en referencia a los GALI y "salteadores de cuarteles" [en referencia el caso Roldán]. El secretario de Estado para la Seguridad se desmarcó ayer de estas declaraciones, que ve "inaceptables".