El juez sienta en el banquillo a diez miembros del PP por fraude electoral
El juez Rafael Mozo Muelas ha decidido sentar en el banquillo a una decena de miembros del Partido Popular (PP) acusados de un delito electoral continuado y de falsedad en documento oficial en la tramitación de los votos por correo de las elecciones municipales celebradas en 1991. El magistrado ha remitido ya el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para la celebración del juicio, cuya fecha no ha sido fijada aún, aunque puede desarrollarse antes de que finalice el año.El fiscal solicita penas de entre dos y nueve años de cárcel para los acusados en este presunto fraude, penas que incluso son superiores a las que reclama la coalición Izquierda Unida, personada en las diligencias en concepto de acusación particular. La investigación judicial, que se nutre de varios miles de folios, ha durado casi cinco años porque los abogados defensores "han presentado recursos contra todos los dictámenes del juez", subrayan fuentes personadas en la causa. Dado el número de encausados y abogados, las citadas fuentes vaticinan que el juicio será largo.
Este caso de fraude en el voto por correo fue revelado por EL PAÍS en 1991, pese a lo cual diversos dirigentes del PP (entre ellos el actual consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Urbanismo, Luis Eduardo Cortés) consideraron falsas las informaciones y las atribuyeron, en clara referencia a este periódico, a "una maniobra del PSOE y sus adláteres".
El fiscal detalla en su escrito de acusación las numerosas irregularidades cometidas por los implicados. Asegura que en distintas sedes del PP en Madrid, durante los citados comicios, se falsificó 3.366 veces la firma del notario madrileño Alberto Ballarín para tramitar votos postales de personas enfermas o incapacitadas.
Petición de inhabilitación
El fiscal pide penas de entre dos y nueve años de cárcel para los diez implicados en el fraude electoral
Uno de los casos investigados por el juez fue, por ejemplo, el de la religiosa María Angeles Lumbreras, de 21 años. La persona que gestionó el falso voto de esta religiosa fue María Asunción de la Peña, según figura en el escrito en el que la monja delega el sufragio. De la Peña es una de las 10 personas que se sentarán en el banquillo. Pues bien, además de ese voto, De la Peña gestionó casi otros 3.000 sufragios postales, de los más de 9.000 que la Junta Electoral de Zona de Madrid denunció en el juzgado por supuestas irregularidades. La religiosa declaró, a este periódico, el 5 de julio de 1991, que ella se había abstenido en esas elecciones. O sea, que en este caso su voto fue suplantado.No sólo acusa el fiscal en estas diligencias. Izquierda Unida, personada en la causa a través del abogado Juan Francisco Pla, también pide condenas de cárcel para los 10 acusados. En concreto, reclama penas que oscilan entre los seis meses de arresto y un año de prisión por delitos de falsedad y delito electoral continuado.
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