Union monetaria, ¿amplia, estrecha o aplazada?

En las últimas semanas, la hipótesis de que la Unión Monetaria Europea (UME) sea aplazada parece haber ganado cierto peso. No es extraño que surjan este tipo de dudas a medida que se acercan las fechas previstas para el examen de los países y el inicio de la UME. En esta ocasión, el desencadenante ha sido la sospecha de que Alemania, país impredecible, podría no cumplir los criterios de convergencia relativos a las finanzas públicas.A pesar de la discutible racionalidad económica de un aplazamiento de la UME por unas décimas de déficit, atribuibles a un comportamiento de la economía alemana menos favorable de lo esperado, el hecho es que esta eventualidad se añade a las que hasta ahora se consideraban más verosímiles: la unión monetaria en 1999, bien con un conjunto amplio de países -opción que en los últimos meses parecía la más sólida, a la vista de los progresos de los países mediterráneos en la convergencia-, bien con un número menor, si el esfuerzo de algunos no resultara suficiente para el rigor del examen.

Asignar probabilidades a estos sucesos no es fácil. En primer lugar, porque el saldo de las cuentas públicas es, en 1997, particularmente inescrutable, debido a las dudas acerca de la intensidad de la recuperación económica y a que todos los Gobiernos tienen incentivos para arbitrar mecanismos más o menos creativos en la contabilización de ingresos y gastos públicos.

En segundo lugar, porque la situación favorece el establecimiento de alianzas contra natura. Así, el aplazamiento encuentra abogados fervorosos tanto entre los convencidos de la inconveniencia de la moneda única como entre otros favorables al proyecto, pero preocupados por un posible- fracaso; en este caso, el temor no reside en que un déficit público alemán superior al 3% dañe la solidez de la UME, sino en que hace más difícil cerrar la puerta a otros países con una convergencia insuficiente o no sostenible, que sí podrían ser un poderoso factor perturbador.

Se pueden identificar, con todo, tres factores claves para la decisión. El primero de ellos es, evidentemente, la evolución de las finanzas públicas alemanas. El cumplimiento del criterio de déficit parece depender de una recuperación que, según la mayor parte de los observadores, no se producirá a tiempo o con la intensidad requerida.

Por tanto, garantizar un déficit inferior al 3% exigiría un ajuste fiscal. Aunque las condiciones políticas no parecen las mejores (con la opinión pública mayoritariamente contraria al euro, un alto nivel de paro y elecciones en el otoño de 1998), a favor de este ajuste cuenta la voluntad manifestada por el canciller alemán, Helmut Kohl, de seguir el calendario previsto.

El segundo elemento clave es el juicio que puedan hacer otros países de sus propias posibilidades de cumplimiento. Si las considerasen reducidas podrían encontrar más ventajoso un aplazamiento para todos que una exclusión individual. Por otra parte, pronunciarse en este sentido equivale prácticamente a confesar la propia impotencia. Ante este dilema parece encontrarse Italia.

Con todo, el factor principal es el coste de posponer la UME, potencialmente muy elevado y que se distribuye de manera desigual. El riesgo más grave es que se suscitasen dudas serias sobre la culminación efectiva del proyecto.

En ese caso, todos los interesados en él perderían, pero la reacción de los mercados afectaría particularmente a aquellos países en los que la convergencia se percibiera menos consolidada. En términos políticos, los costes más altos los habrían de asumir, precisamente, aquellos Gobiernos que, comprometidos con el proyecto europeo, han diseñado políticas rigurosas para converger a tiempo.

Los costes del aplazamiento dependen de cuándo y cómo se planteara. Una decisión tardía -por ejemplo, cuando hubiera evidencia concluyente de que Alemania no fuese a cumplir- vendría precedida y seguida por intensas alteraciones en los mercados y fuertes tensiones políticas, que obstaculizarían el progreso posterior hacia la UME.En consecuencia, sería crucial que el anuncio, en su caso, se hiciera lo antes posible y que contribuyera a limitar la incertidumbre. Ello requeriría negociar con urgencia un horizonte concreto y próximo de realización de la UME, así como mecanismos que subrayasen el compromiso político con ese horizonte.

Para reducir los trastornos en los países periféricos sería indispensable que se diseñara como una solución para ampliar al máximo posible el número de países fundadores. No obstante, si el nuevo plazo para la UME fuera corto, esto no satisfaría a los sectores ultraortodoxos, preocupados por la sostenibilidad de la convergencia de ciertos países.Los costes potenciales del aplazamiento y la dificultad para articularlo en un tiempo breve llevan a pensar que es más probable una unión monetaria en la fecha prevista por el tratado. Habría que asignar, con todo, una cierta probabilidad a que la unión monetaria sea pospuesta, en razón de los problemas de algunos países -y especialmente Alemania- para reducir el déficit en la cuantía requerida. Esta probabilidad tendería a disminuir si en el transcurso de los próximos meses no se produjesen iniciativas concretas.

En el supuesto de que se cumpla el calendario previsto, puede preverse que España llegue a la fecha del examen (abril-mayo de 1998, seguramente) en condiciones satisfactorias. La inflación se situará dentro de los márgenes definidos por el criterio correspondiente; acerca del déficit público existe más incertidumbre, pero la apuesta política del Gobierno es tal que cabe esperar que impondrá en su momento las correcciones fiscales que sean necesarias.

Ahora bien, ¿qué repercusiones podría tener para nuestro país que no se cumplieran estas expectativas? Con seguridad , serían menores cuanto más claras fueran las perspectivas de una entrada posterior. Si se constituyera la UME en 1999 y España, habiendo avanzado notablemente en la convergencia, quedara excluida, el daño inmediato sería grave, pero se podría negociar una entrada próxima. Disipadas definitivamente las dudas sobre la constitución de la unión monetaria, habría un poderoso estímulo para mantener el proceso de aproximación a Europa, superando un trastorno significativo, pero temporal.

E n caso de aplazamiento, el panorama es más incierto. Si se cumplieran las condiciones antes señaladas -especialmente el plazo próximo y el planteamiento como prórroga para un cumplimiento más amplio-, el resultado podría ser relativamente benigno. Sin embargo, si no se concretaran esas condiciones, o si no fueran suficientes para apuntalar la confianza en la culminación efectiva de la unión monetaria, ésta resulta la opción más desfavorable, porque los efectos negativos serían más intensos y prolongados y pondrían en un peligro mucho mayor el mantenimiento del proceso de convergencia, crucial haya UME o no.

La resolución de estas incertidumbres queda, en gran medida, fuera del control del Gobierno, pero existe una línea de acción adecuada para' todas las eventualidades. Un programa de reformas estructurales y de saneamiento a medio plazo de las finanzas públicas mejora las perspectivas de España, tanto si está dentro de la UME como si ésta se pospone o queda inicialmente excluida. Acelerar al máximo el progreso en esta dirección constituye la mejor opción de política económica.