Admitido a trámite un recurso contra la orden de Fomento sobre las tarifas telefónicas

Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado por los sindicas contra la orden ministerial sobre tarifas interconexión entre compañías telefónicas elaborada por el Ministerio de Fomento. La citada orden establece los criterios básicos para que los nuevos operadores telefónicos (Retevisión empezará a dar servicio a finales de este mismo año) puedan interconectar su red a la de Telefónica y de esa forma posibilitar que las llamadas de sus clientes lleguen a su destino. Las centrales sindicales creen que la normativa vulnera la ley de protección de datos.

Los sindicatos consideran que la orden ministerial sobre condiciones y tarifas de interconexión, fechada el pasado 18 de marzo, vulnera la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y deja a los consumidores indefensos ante los distintas compañías telefónicas que aparezcan en el mercado. La preocupación sindical parte del hecho de que el uso compartido de las infraestructuras va a significar, no sólo que las nuevas operadoras podrán dar servicio, sino también un aumento del tráfico de información sobre los usuarios entre las compañías."Uno podrá ser cliente de Retevisión, pero su llamada va a discurrir por la red de Telefónica. Aunque sea así, Retevisión será la que pase la factura y para ello es necesario que Telefónica facilite la información procesada en sus centralitas telefónicas", aclara un portavoz de la federación de telecomunicaciones de UGT, sindicato que coordina sus actuaciones con CC OO.

La orden firmada por el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, establece que "las entidades habilitadas [para poder dar servicio telefónico fijo] habrán de intercambiar la información que resulte precisa para poder confeccionar las facturas de los usuarios".

El documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado del jueves 27 de marzo, en su artículo 9 destaca también la importancia del principio de confidencialidad: "las entidades a que se refiere la presente disposición [...] adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los usuarios de los servicios prestados mediante la interconexión de redes".

La Sala de lo contencioso administrativo, sección octava, de la Audiencia Nacional que ha admitido el recurso presentado por UGT, concede un plazo de veinte días a partir del 16 de abril para que el Ministerio de Fomento acuda a los juzgados con la documentación necesaria para justificar la orden ministerial. Los sindicatos reclaman que se revoque dicha orden.

El Grupo Socialista en el Congreso también ha emprendido acciones contra esa orden ministerial y ha presentado una proposición no de ley en la que sugiere que se permita a los operadores negociar libremente las tarifas y condiciones de interconexión.

Los socialistas piden que se revoque la orden ministerial, así como las compensaciones concedidas a Telefónica por permitir que sus competidores puedan conectarse a su red. Los usuarios pagan esas compensaciones, ya que tienen forma de autorización para que Telefónica suba las llamadas locales y el abono mensual en 1998.

Las tarifas de interconexión representan un 50% de los costes de los nuevos operadores en el mercado y pasan a ser una de las principales fuentes de ingresos de los operadores dominantes (en España, Telefónica) en una primera fase de competencia.