El PP copa la dirección de Renfe

El PP ha copado la dirección de Renfe, una de las empresas públicas más emblemáticas del país. El nuevo comité de dirección lo componen cuatro miembros del PP, además del secretario. El copo se ha extendido a los nombramientos de directivos de alto nivel y la estructura directiva ha aumentado de 256 a 280 miembros. Lo sucedido en Renfe es un ejemplo de lo que ocurre en otras empresas públicas del país y contradice las promesas electorales del PP sobre la profesionalización y reducción de la burocracia en dichas empresas.

El nuevo comité de dirección de Renfe está compuesto por un secretario, Joaquín de- Fuentes, y cuatro miembros del PP: José Luis Villa Latorre, José María Lasala Escala, Ramón Escribano y Juan Villaronte. Los dos primeros formaban parte del comité antes de la llegada del PP al Gobierno. Escribano y Villaronte entraron tras las elecciones al ser cesados los socialistas Manuel Acero Valbuena y Joan Juber García.El copo en el comité de dirección por el PP es total: también fueron cesados los independientes Juan Fernández Álvarez y Gonzalo Madrid, que han sido nombrados directores corporativos.

Entre los 13 directores gerentes de unidades de negocio de Renfe también han aumentado los militantes del PP. El director de la unidad de cargas, el independiente Carlos Sánchez Ríos, ha sido sustituido por el miembro del PP Armando Travieso Fuertes; el director de largo recorrido, el independiente Antonio Gómez Templado, ha sido sustituido por Enrique Fernández, del PP. El director de Patrimonio y Urbanismo, el socialista Gerardo García Merino, ha sido relevado por Rafael Almodóbar Trueba, del PP, y el director de la unidad informática, el independiente Eduardo Fernández ha sido sustituido por Gerardo Fernández, del PP.

Se mantiene el único miembro del PP de la etapa anterior, José Luis Martín Cuesta , director de la unidad del AVE; y los independientes Abelardo Carrillo, director de Cercanías; Javier Villán, de Regionales; Arturo Delgado, de Talleres; Juan Carlos Carril, de Tracción; Sagrario López Bravo, de Tren Combinado, y Francisco Bonache, de Estaciones.

En las categorías inferiores el PP también ha tomado posiciones. Entre los directivos de primer nivel ha colocado a Araceli García García, directora comercial de la unidad del AVE; José Aguilera López, director de Producción y Gestión Urbanística; Jaime Lloret Gil, director de Calidad y Desarrollo; Mario Schoendorff, director de relaciones con Transfesa y José Antonio Castro Rodríguez, también director de relaciones. A estos hay que añadir seis nuevos nombramientos de miembros del PP, entre los gerentes en unidades de negocio, y otros siete de primer nivel en el territorio.

La política de nombramientos en Renfe, que depende del Ministerio de Fomento, ha seguido la misma pauta del Gobierno en la Administración del Estado, con relevos masivos a favor del PP. Esta política contradice el programa electoral del partido de José María Aznar. En el capítulo sobre la reforma de la empresa pública, el PP defendía "despolitizar la Administración" y "primar la profesionalidad" en la selección de directivos y consejeros.

El PP también ha incumplido su programa sobre reducción de altos cargos en las empresas públicas. En el apartado titulado ', reducir la burocracia" defendía "las reformas necesarias para abordar un plan de reducción de la burocracia" en los grupos públicos.

La realidad desmiente estas promesas. El número de directivos de Renfe ha crecido de 256 a 280 sin que se creen nuevas actividades. Los directores generales han pasado de 7 a 4; se han nombrado dos directores corporativos; los directores gerentes bajan de 13 a 12, pero han aumentado los gerentes en unidades de negocio, de 117 a 137, y los directivos de primer nivel de órganos corporativos y unidades de negocio, de 118 a 124. En total, un aumento del 9,38%.

,Pero además de este aumento de la dirección burocrática, el Consejo de Ministros del pasado 25 de abril creó un nuevo organismo, el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), cuyas competencias se solapan con las de Renfe. "El GlF tiene como objeto la construcción y, en su caso, la administración de las nuevas y las preexistentes infraestructuras ferroviarias que sean competencia del Estado y que se determinen expresamente por el Gobierno, a propuesta del ministro de Fomento", según la referencia del Consejo. Contará con una aportación patrimonial inicial del Estado de 60.000 millones.