El juez Garzón renuncia a carear a Manglano y Perote al suavizar el coronel su versión

El juez Baltasar Garzón no pudo carear ayer a los jefes del espionaje durante gran parte del mandato de los socialistas, el teniente general Emilio Alonso Manglano -ex director del Cesid- y el coronel Juan Alberto Perote -ex jefe de la Agrupación Operativa-, pues no llegó a haber graves contradicciones en sus declaraciones, tras suavizar Perote su versión. Ambos fueron interrogados en relación con los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, recientemente desclasificados. Perote estuvo dubitativo y con importantes lagunas de memoria, según fuentes jurídicas.

Estas fuentes aseguraron que Perote estuvo muy impreciso y ambiguo y que fue esta actitud la que impidió la celebración de un careo con Manglano, puesto que de hecho no se apreciaron contradicciones rotundas. Además, condicionó la posibilidad de que el fiscal solicitase medidas cautelares contra alguno de ellos o ambos, ya que los dos comparecieron en calidad de imputados.Las citadas fuentes agregaron que en la Audiencia Nacional existe la impresión de que Perote ha dado "frenazo y marcha atrás", al menos hasta que conozca el resultado del juicio que tiene pendiente ante la jurisdicción militar por revelación de secretos, y en el que el fiscal pide 10 años de prisión para él. Incluso no descartan que el coronel haya llegado a un pacto tácito para guardar silencio a cambio de un trato benigno. El juicio contra Perote está previsto para el próximo 9 de junio.

Ayer el juez Garzón mostró tanto a Manglano como a Perote los documentos desclasificados y les volvió a preguntar sobre el significado de la abreviatura "Pte." que figuraba en una nota de despacho manuscrita por Manglano. El general insistió en que significa "pendiente y Perote ratificó -al parecer con matices- que significa "presidente", en referencia al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, al que, de ser cierta la versión de Perote, supuestamente se habría informado del inicio de las acciones de la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia.

No obstante, a la salida de la Audiencia Nacional, Perote declaró a los periodistas acerca de este asunto: "Es una polémica que se resolverá en su día por quien lo tenga que resolver".

Manglano fue preguntado, entre otros detalles, sobre la persona a la que daba cuenta de las operaciones que realizaba el Cesid o de las informaciones que obtenía. El general, según fuentes jurídicas, declaró que él despachaba con el ministro de Defensa, que en las fechas a las que se refieren los documentos, finales de 1983, era Narcís Serra.

Tanto Perote como Manglano siguen como imputados en el caso Oñederra, pero el fiscal no ha pedido, y por consiguiente el juez tampoco las adoptó, ningún tipo de medidas cautelares contra ellos. El caso Oñederra investiga varios delitos relacionados con la guerra sucia, entre los que destacan cuatro de los primeros asesinatos de los GAL, el secuestro de un miembro de los GRAPO, la experimentación de fármacos en mendigos como cobayas humanas para aplicarlo luego a dirigentes etarras, y el envío de cartas bomba a militantes Herri Batasuna o simpatizantes de ETA.

Escasez de pruebas

En medios de la Audiencia Nacional se había especulado estos días con que, tras la desclasificación de los papeles de Cesid por parte del Gobierno, los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño elevarían en breve una exposición razonada al Tribunal Supremo por entender que existen indicios de delito en personas aforadas, especialmente los responsables del Ministerio del Interior de Gobiernos socialistas y otros altos cargos, entre los que podría figurar Felipe González. Pero fuentes de la Audiencia descartan ahora tal posibilidad. El fiscal Jesús Santos, encargado del caso Lasa-Zabala, que instruye Liaño, ha comentado a sus íntimos que no veía el envío de la causa al Supremo ni antes de la desclasificación ni ahora que los papeles han dejado de ser secretos.

Respecto al caso Oñederra, fuentes jurídicas señalan que en el sumario no existen indicios suficientes para que el proceso sea elevado al Supremo. Estas fuentes han argumentado que de lo actuado hasta ahora se puede llegar a la convicción de una estrategia general, pero que no existen pruebas concretas de las supuestas implicaciones de altos cargos en los hechos delictivos que se investigan.