Un antiguo testaferro detalla el escamoteo al Estado de bienes de la expropiada Rumasa

Un pleito ante la justicia andorrana entre dos financieros polémicos ha permitido conocer con detalle, 14 años después de los hechos, cómo José María Ruiz-Mateos utilizó testaferros para ocultar al Estado bienes de la expropiada Rumasa. Simulando ventas a terceros, Ruiz-Mateos intentó impedir la expropiación de esos bienes. Uno de los testaferros, que actuaba a comisión, llegó a pleitear contra el Estado español atribuyéndose la propiedad de 10 millones de litros de vino de Jerez que se encontraban en depósitos ingleses.

Estos mecanismos quedaron de manifiesto cuando el fiduciario andorrano Antoni Cornella presentó hace dos años una querella por estafa y falsedad documental contra Ruiz-Mateos ante la justicia del Principado. Cornella no cobró las comisiones pactadas por representar su papel de testaferro.Cornella, incluso, reclama a Ruiz-Mateos gastos por "la confección de 151 pruebas, que acreditasen la propiedad de vino depositado en Londres". Esas pruebas fueron la base de un procedimiento civil en los tribunales ingleses contra Patrimonio del Estado.

La querella afecta a Ruiz-Mateos y a sus sociedades Evanik Enterprises y Stabliments Stapa. En ella se argumenta que, por una antigua amistad entre Cornella (conocido por su posterior asociación con el italiano Giancarlo Parretti) y Ruiz-Mateos, la sociedad del andorrano Corsa Financera simuló ser la titular de 10 millones de litros de vino de Jerez, que en realidad eran propiedad de las empresas del empresario jerezano.

Este vino, valorado en más de 1.000 millones de pesetas de la época, se encontraba en depósitos de los puertos británicos de Londres y Newheaven. Los depósitos fueron reclamados por el Estado ante los Tribunales de Londres, alegando que eran bienes del expropiado holding Rumasa.

Cornella y Ruiz-Mateos instrumentaron la venta simulada de los vinos entre el 12 de enero de 1983 (poco antes de la expropiación, el 23 de febrero) y el 30 de noviembre de 1983, la fecha de los pagos simulados. Ruiz-Mateos hizo una declaración jurada de venta que firmó en Andorra. Su firma aparece confirmada por el cónsul británico en Madrid.

En su denuncia, Cornella reconoce que el dinero de la compra, unos 12 millones de florines holandeses (615 millones de pesetas) le fue devuelto luego por un sobrino de Ruiz-Mateos, Alfonso Barón, por lo que se trató de una venta ficticia. Barón, que llevaba los negocios de Ruiz-Mateos no expropiados por el Gobierno español, aseguró a Cornella una comisión el 20% por encubrir la titularidad del vino en Inglaterra.

Comella también expone que

elaboró" 151 pruebas como pagarés, correspondencia comercial, recibos y certificados, utilizados para reclamar ante la justicia de Gran Bretaña. Gracias a esas "pruebas", los vinos reclamados por España tenían un propietario con apariencia legal, la andorrana Corsa Financera.

A continuación Corsa pleiteó contra el Estado español por la ti tularidad de los vinos depositados en Londres y consiguió vender, en apariencia legalmente, tres millones de litros a la sociedad holandesa F. D. Roders B. V. (adquirida por Ruiz-Mateos en 1976 y consignada a una de sus holdings exteriores, Inversora Iberoamericana) a cambio de 4 millones de florines holandeses. Con ello, Ruiz Mateos recuperaba tres millones de litros "y se embolsaba más de 250 millones de pesetas", según reza la querella.

En esa época, Ruiz-Mateos trataba de reorganizar su imperio del jerez, a través de la marca Dry Sack, en Holanda, Gran Bretaña y Dinamarca e intentaba que diversos fiduciarios escamotearan a Patrimonio del Estado bienes de la Rumasa exterior.

Pero el andorrano Cornella, al ver que los pagos de Ruiz-Mateos no llegaban, acabó por desistir de sus pretensiones sobre el resto de los 10 millones de litros. Los siete millones de litros restantes le fueron entregados al Estado español. Cornella prefirió entenderse con las autoridades españolas y dejar de formar parte del montaje.

Todos los gastos de Cornella por el pleito contra España (viajes, abogados, procuradores) fueron abonados por Ruiz-Mateos a través de la Société Banque Suisse de Ginebra, según asegura el interesado, que aporta certificaciones de la banca pagadora. La suma ascendía a 20.000 libras esterlinas (cuatro millones de pesetas).