La decisión de Úrculo es "un disparate", según Belloch

La reacción más virulenta a la solución que el fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz úrculo, dio el jueves a los expedientes contra cuatro fiscales de la Audiencia Nacional fue ayer la del ex ministro de Justicia e Interior y actual portavoz del PSOE para estos temas, Juan Alberto Belloch, quien la calificó de "disparate". Supone, afirmó, una contradicción sobre el criterio del propio Úrculo, que había asumido que aceptaría los criterios del Consejo Fiscal. "Nadie le obligaba", señaló "pero cuando alguien, en términos políticos, asume un compromiso, lo razonable es que lo cumpla".

Para Belloch, lo más grave es que el fiscal del Estado (cuya actuación, dijo, es un "caso excelso de incompetencia") no ha tenido en cuenta el fondo del asunto, es decir, la insubordinación de algunos fiscales frente al anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, removido por falta de autoridad. Estima Belloch que este cese fue "una maniobra" para tener un pretexto que permitiese no trasladar a uno de los expedientados, en referencia a Ignacio Gordillo. "Quien ha sido capaz de desobedecer al fiscal jefe, si no recibe una sanción por hacerlo podrá volver a repetir su conducta en el futuro". Las multas a los fiscales evidencian, añadió, una particular "benevolencia" contradictoria con el informe de los inspectores que tramitaron el expediente disciplinario.

Supresión de la Audiencia

Belloch se refirió asimismo a la acusación de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, de que encabeza una campaña contra la Audiencia. "Tanto como encabezar, no", precisó, "pero sí que participo en una campaña. Sólo la supresión de la Audiencia devolverá el prestigio a la Administración de Justicia".Para la diputada socialista y ex secretaria de Estado de Justicia María Teresa Fernández de la Vega, la sanción más grave, el traslado forzoso de María Dolores Márquez de Prado, es "absolutamente injusta y parcial". "Ataca", añadió, "al punto más débil, pues la trasladan por más razones de las que se dicen, como sus evidentes relaciones personales [es compañera sentimental del juez Javier Gómez de Liaño], porque es mujer y porque es el punto más vulnerable y más débil".

El ex ministro criticó también la sentencia: del Supremo sobre la desclasificación de 13 papeles del Cesid, que consideró "un error ", y añadió que los jueces no pueden determinar qué afecta a la seguridad del Estado porque no tienen ni idea".

Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP en el Congreso, se negó ayer a valorar políticamente la decisión de Úrculo porque éste, señaló, es "absolutamente independiente" para adoptar las medidas que estime conveniente, y coincidió con el fiscal del Estado en que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y no decisorio.

En IU hubo diversos pronunciamientos, y no precisamente coincidentes. Para Rosa Aguilar, portavoz en el Congreso, "no es bueno que el fiscal del Estado venga a desestabilizar aún más con sus propuestas el trabajo de la Audiencia". Úrculo ha dejado claro, añadió, "que lo que dice hoy no vale para mañana, ya que era un defensor de coger al pie de la letra las decisiones del Consejo Fiscal". El portavoz de Justicia, Pablo Castellano, lamentó que el fiscal del Estado "haya cedido a las presiones de quienes pedían la cabeza de los fiscales, que no merecen este trato". La medida, añadió, busca "una especie de equilibrio respecto" al cese de Aranda. Finalmente, Diego López Garrido, portavoz del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, integrado en IU, afirmó que "hay clara vulneración de la igualdad ante la ley", ya que Úrculo "ha aplicado criterios discriminatorios". "Si las sanciones son tan nimias" como las aplicadas a Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira, "es que la cosa no era para tanto y no tuvo sentido la destitución de Aranda". En su opinión, la decisión es "incongruente y no tiene ni pies ni cabeza".