Úrculo se enfrenta a todo el Consejo Fiscal para mantener a Gordillo en la Audiencia Nacional

El fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, protagonizó ayer un fuerte enfrentamiento con todo el Consejo Fiscal, que por unanimidad le había propuesto el traslado forzoso, fuera de la Audiencia Nacional, de Ignacio Gordillo. En la conveniencia de esta sanción habían coincidido incluso las dos asociaciones de fiscales. Úrculo, sin embargo, para impedir la salida de Gordillo y en contra del criterio mayoritario del Consejo, se arrogó la facultad de elevar este tipo de medidas al Gobierno y optó por archivar el expediente para remover de su puesto a Gordillo. Sólo aceptó el traslado forzoso de María Dolores Márquez de Prado y se limitó a imponer sanciones simbólicas a los. demás expedientados: un mes de suspensión a Gordillo y sendas multas de 50.000 pesetas a Eduardo Fungairiño, Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado.

Fuentes fiscales calificaron de alucinante" la solución dada por Ortiz Úrculo a la crisis de la Audiencia Nacional tras cuatro meses de instrucción de los expedientes contra los cuatro fiscales. Otras fuentes de la Audiencia Nacional y de asociaciones de jueces expresaron incluso sus dudas de que la salida por la que ha optado el fiscal general vaya a llevar realmente la paz a la convulsa jurisdicción de la Audiencia Nacional.Las dos asociaciones de fiscales estaban de acuerdo en el traslado del polémico fiscal Ignacio Gordillo, cuya intervención, días atrás, fue decisiva para evitar el ingreso en prisión del ex banquero Mario Conde. Sin embargo, ya al inicio del Consejo Fiscal, Ortiz Úrculo advirtió a los vocales que iba a oírles a los únicos efectos de las labores de "asesoramiento" previstas en el artículo 14 del Estatuto del Ministerio Fiscal.

El Consejo, integrado por 11 miembros más Urculo, se opuso a este planteamiento por entender que en materia de traslados forzosos es directamente aplicable el artículo 40 del mismo Estatuto. Bajo su punto de vista, si ellos acordaban un traslado, éste debía ser vinculante para el fiscal general del Estado. Pero cuando Úrculo escuchó la propuesta unánime. favorable a los traslados de Ignacio Gordillo y de María Dolores Márquez de Prado, advirtió que se, reservaba la facultad de decidir lo que a él le pareciera, y adelantó que no respaldaría el traslado forzoso de Ignacio Gordillo que proponían los instructores del expediente.

Esta postura provocó incredulidad entre los consejeros, que insistieron en que el artículo 40 del Estatuto Orgánico de los fiscales señalaba que el traslado debía ser elevado al Consejo de Ministros -por tratarse de fiscales de segunda categoría- si el Consejo Fiscal lo informaba favorablemente. Por mayoría de seis consejeros frente a cuatro -el jefe de la inspección, Juan José Martínez Zato, se ausentó-Úrculo fue advertido de que su interpretación podía ser ilegal. Pero tras siete horas de deliberaciones, decidió rechazar la propuesta de traslado de Gordillo, con lo que al Consejo de Ministros sólo llegará la de Márquez de Prado.

Se da la circunstancia de que Úrculo, antes de ser promovido a fiscal general, defendió activamente el carácter vinculante de las decisiones del Consejo Fiscal e incluso articuló un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo en defensa de ese criterio, según dijeron las fuentes consultadas.

El fiscal general aceptó únicamente el traslado de María Dolores Márquez de Prado a causa de "su acritud y sus excesos fórmales en su comunicación con jueces y tribunales". Esta fiscal, compañera sentimental del juez Javier Gómez de Liaño, ha mantenido sonados y sucesivos enfrentamientos con jueces como Ismael Moreno y Manuel García-Castellón, con tribunales de la Sala de lo Penal y con abogados tanto de Herri Batasuna como de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En cambio, Úrculo decidió archivar los expedientes a Gordillo y Márquez por sus desavenencias con el ex fiscal jefe José Aranda, al considerar que éstas ya no tienen razón de ser precisamente porque Aranda ya no está en la Fiscalía.

Respecto a los expedientes disciplinarios, los cuales sí son competencia del fiscal general, Úrculo tiró por los suelos las ya de por sí leves sanciones propuestas por los instructores. Dejó en una sanción de un mes de suspensión de empleo la propuesta de seis meses contra Ignacio Gordillo por permitir que un alumno calificase el sumario por el asesinato del dirigente del PP Gregorio Ordóñez. Dejó en 50.000 pesetas de multa la propuesta de tres meses de suspensión para Pedro Rubira por llevar alumnos a la Audiencia Nacional, y en multas de 50.000 pesetas las propuestas de un mes de suspensión contra Eduardo Fungairiño y María Dolores Márquez por ocultar un informe pericial a un juez.