Costa admite ante Garzón que no tiene pruebas de la 'amnistía fiscal' del PSOE

El juez Baltasar Garzón acorraló ayer al secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, a propósito de lasdiligencias que tramitan sobre los 600 expedinentes supuestamente prescritos. Costa admitió ante el magistrado y el fiscal, Vicente González Mota, que no tiene pruebas sobre sus afirmaciones -respaldadas por Rodrigo Rato y José María Aznar- de que el Gobierno del PSOE realizó presuntamente una amnistía fiscal encubierta, al dejar prescribir 600 expedientes con 200.000 millones de pesetas de deuda tributaria.

Garzon Ilegó a mostrar a Costa un recorte de periódico con las declaraciones de Aznar en las ante que éste acusaba a Ios anteriores Gobiernos socialistas de favorecer a algunas personas y en las que aseguraba que, si se hubieran cobrado los 200.000 millones se hubiera podido aumentar el sueldo a los funcionanos en 1997. El magistrado le preguntó si tenía pruebas que sostuvieran esas afirmaciones y Costa admitió que no las tenía.Garzón preguntó también a Costa la razón por la que no ha bía denunciado la existencia de delito fiscal, cuando, según las informaciones que el propio secretario de Estado proporcionaba, la cuantía de lo defraudado excedía con mucho el límite de 15 millones de pesetas en cada uno de los expedientes.

Tanto Garzón como el fiscal realizaron un duro interrogatorio de más de dos horas al alto cargo, en el que Costa se mostró muy nervioso, según fuentes jurídicas. Prueba de que la declaración de Costa no fue un mero trámite son los ocho folios de transcripción que el presidente de la Agencia Tributaria leyó minuciosamente antes de firmar.

A la salida del juzgado, Costa manifestó que había informado genéricamente de los expedientes porque casi la totalidad de los mismos se encuentra en la vía contencioso administrativa y algunos en la vía judicial. Costa anunció su compromiso a facilitar a Garzón cualquier información concreta que le sea solicitada por el juzgado. No obstante, ese compromiso es ineludible, ya que la Agencia Tributaria está obligada por ley a proporcionar cualquier dato que el juzgado reclame para investigar un delito, debido a que son datos que únicamente están afectados por el secreto fiscal.

El juez reclamará próximamente nuevos datos para tratar de determinar si en los expedientes existen indicios de que se hubieran producido delitos fiscales.

Cesiones de crédito

Por otro lado, la juez Teresa Palacios, encargada del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, pidió ayer al fiscal y al resto de las partes personadas en el proceso que le informen sobre si debe remitirlo al Supremo por existir un aforado entre los acusados. Pero el caso no corresponderá al Supremo, sino al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto que el acusado es Luis Fernando, Cartagena, consejero de Obras Públicas del Gobierno Valenciano, miembro del PP, que presuntamente suscribió 164 millones en cesiones de crédito, que, según Hacienda, no ha regularizado.