Por el rigor en el debate

Un vecino de Castellón al que la Generalitat valenciana ha sancionado en un expediente administrativo abandona la ciudad con su familia, se traslada a Tudela y solicita al Gobierno de Navarra asilo político. Desde Pamplona, con naturalidad, se asume la petición y se somete a estudio por los organismos correspondientes. Mientras tanto, la sanción queda en suspenso por imperativo del Derecho foral navarro.Esta historia tiene tanto de absurda como de inverosímil. Repugna a la razón la posibilidad de que pueda alegarse el derecho de asilo en el marco de una misma unidad política en la que se integran tanto el solicitante como aquél que le debe ofrecer la protección. Sin embargo, el planteamiento no es muy distinto al que está sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental que ha de reformar el Tratado de la Unión Europea: la supresión del derecho de asilo político en el interior de la Unión. Y no sólo porque no se vaya a conceder al final del proceso de decisión, sino porque no se justifica ni siquiera la aceptación de la solicitud y los trámites de comprobación que de tal aceptación se han de derivar.

La propuesta, formulada como prioritaria por el Gobierno con el apoyo de la casi totalidad de los grupos políticos, está levantando algunos recelos en países de nuestro entorno y, al parecer, también entre algunos sectores de nuestro país.

Sin duda, es comprensible que! toda mención a la limitación del derecho de asilo sea recibida con, suspicacia. Particularmente se comprende en España, donde tantos ciudadanos se vieron obligados a exiliarse en Estados vecinos, huyendo de la persecución política, no hace tampoco tanto tiempo. También en otros Estados, tierra de refugio durante siglos, tiene su lógica que éste sea. un tema que haga vibrar fibras más profundas que el debate sobre las subvenciones al olivo o el sistema de mayorías en la nueva Unión. De ahí, que el error del Gobierno haya sido, quizá, vender la piel del oso cuando su caza estaba lejos de haber terminado.

El hecho es que en Europa estamos construyendo entre todos un nuevo marco de relaciones. Una unidad económica y política (en este orden, nos guste o no) donde circulan personas, mercancías, capitales y servicios. Un espacio que pronto ha de compartir una moneda común, con los espectaculares efectos de interrelación que de ahí han de derivarse.

Un marco en el que reconocemos ya que un cirujano formado en Múnich tiene los mismos derechos profesionales que otro formado en el hospital Clínico barcelonés. Una sociedad en la que permitimos que cualquier súbdito de la Unión pueda participar activa y pasivamente en unas elecciones municipales. Una Unión, pues, que toma como base unos niveles de confianza mutua en muchísimos ámbitos, más allá de lo que afirmen las reglas y las normas. Es esa confianza la que queda dinamitada cada vez que se acepta una solicitud de asilo en el interior de la Unión.

Sostiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que esta modificación equivaldría a una violación del Convenio de Ginebra de 1951 y del Protocolo, de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por todos los Estados de la UE. Sobran argumentos jurídicos para impugnar esa afirmación, pero no es éste el lugar para desarrollarlos. De hecho, y lamentablemente, la mejor de las soluciones al problema jurídico que sin duda se plantea no podrá ser asumida debido a las resistencias de algunos Estados. Me refiero al otorgamiento a la UE de una plena personalidad jurídica internacional. Bastaría entonces que la Unión, como tal, ratificara tales tratados, pasando a ser el territorio europeo un solo gran espacio a los efectos del derecho de asilo o refugio. Pero estamos lejos de ese salto cualitativo.

A mi modo de ver, el obstáculo principal no está en el plano jurídico, sino en la falta de confianza de futuro en los potenciales miembros de la Unión. Hace escasos días, por ejemplo, desde estas mismas páginas se criticaba la propuesta española con el argumento de que podría dejar inermes a gitanos perseguidos en una Hungría o en una Rumania integradas en la Unión Europea. Éste sí me parece un temor respetable, a diferencia de otras afirmaciones menos rigurosas que se formulaban en el artículo de W. Oppenheimer. Es posible que en un futuro no lejano Europa sea algo menos escrupulosa en la exigencia de certificados de buena conducta democrática con los nuevos miembros a integrarse en el club si se cumplen otros condicionantes de carácter económico. No es deseable, pero es verosímil. El temor a una involución democrática en alguno de tales Estados, o cuando menos a situaciones de clara violación de derechos fundamentales, es algo más que una hipótesis académica. Hasta tal punto es así que el propio Proyecto de Tratado presentado por la presidencia irlandesa tras la cumbre de Dublín introduce a continuación del artículo F una cláusula de salvaguarda que habrá de permitir la suspensión de ciertos derechos previstos en el Tratado respecto de un Estado que viole grave y persistentemente los principios de democracia y respeto a los derechos y libertades fundamentales. Nada impediría, pues, generalizar estas reservas y permitir la solicitud de asilo a los ciudadanos de un Estado en el que llegaran a darse semejantes circunstancias excepcionales.

Carece de fundamento, en cambio, alguno de los otros argumentos que, emplea Oppenheimer en el artículo mencionado. El Reino Unido no puede denegar el asilo político a Salman Rushdie, simplemente porque al tratarse de un ciudadano británico no se lo puede haber concedido. Como británico, goza automáticamente en toda la Unión Europea de los derechos que le da su ciudadanía, entre los que destacan los de establecimiento y trabajo. Cuestión distinta es quién responde de su protección. Y ahí sí que si el Reino Unido decidiera dejar de hacerse cargo de la misma debería pedirla a quien estuviera dispuesto a otorgarla, en Europa o en otra parte. Pero eso no tiene nada que ver con el problema del asilo en la Unión Europea. De ahí, que sea bueno pedir un poco más de, rigor en el tratamiento de esta cuestión, ya de por sí delicada.