El PP propone aumentar de uno a cinco años el tiempo de espera de los objetores

El Gobierno no con la en su capacidad para incorporar a los 130.000 objetores de conciencia que no han iniciado la Prestación Social Sustitutoria (PSS) por falta de plazas. Así se deduce del propósito del PP de ampliar desde los 12 meses actuales hasta un máximo de cinco años la situación de disponibilidad de los objetores, que se inicia cuando son reconocidos como tales y concluye al incorporarse al servicio civil.

El Grupo Popular ha formulado 47 enmiendas a la proposición de ley sobre objeción de conciencia presentada por el Grupo Catalán, cuya toma en consideración aprobó por unanimidad él pleno del Congreso del 26 de noviembre. Aunque los populares no han presentado enmienda a la totalidad, lo que hubiera sido incongruente con lo que votaron en el pleno, su batería de enmiendas parciales altera profundamente el texto de CiU, hasta el punto de que ni siquiera salvan el título o la exposición de motivos.El partido del Gobierno acepta, como pretendía CiU, que los objetores que al término del periodo de disponibilidad no hayan sido llamados para cumplir la prestación sustitutoria pasen a la reserva y queden eximidos de cumplirla. Sin embargo, propone ampliar este plazo, que ahora dura un año como máximo, hasta un lustro.

Más sorprendente aún resulta la propuesta del PP de otorgar a la Administración un plazo de año y medio para llamar a los objetores que soliciten su incorporación inmediata. Además, tanto los cinco años como los 18 meses sólo computarán cuando no se pida prórroga.

La propuesta del PP se produce después de que varios tribunales, como la Audiencia Provincial de Madrid, hayan absuelto a objetores acusados de no incorporarse a la PSS, con el argumento de que fueron llamados a cumplirla tras haber superado con creces el tiempo de disponibilidad.

El Grupo Popular también se opone a la pretensión de CiU, compartida por toda la oposición, de equiparar por ley la duración de la prestación sustitutoria y la de la mili. Su enmienda pretende dejar en manos del Gobierno la decisión de fijar la duración de la prestación que, en todo caso, "no será inferior a nueve meses ni superior a l3".

Los populares argumentan su negativa a una equiparación legal de la mili y la prestación en base a la necesidad de "garantizar la existencia de efectivos personales suficientes para el buen funcionamiento de las Fuerzas Armada?. Por el mismo motivo, rechazan la "objeción sobrevenida", la que se produce tras la incorporación a los cuarteles.

Uno de los aspectos más llamativos la pretensión del PP de suprimir el Consejo de Objeción de Conciencia, el órgano encargado de reconocer a los objetores. Se trataba de una vieja reívindicación de los pacifistas, quienes alegaban que nadie puede juzgar conciencias.

Sin embargo, contra lo que proponía CiU, el PP no acepta la aprobación automática de la declaración de objetor, salvo defecto de forma, sino que permite rechazarla cuando se "perciba incongruencia" en la solicitud.

La novedad estriba en que esta apreciación correspondía hasta ahora a un órgano relativamente independiente de la Administración, el consejo, presidido por un magistrado, y ahora se quiere atribuir al propio Ministerio de Justicia.