Úrculo no nombrara fiscal jefe de la Audiencia hasta resolver el expediente de Fungairiño
El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, ha aplazado indefinidamente la reunión del Consejo Fiscal prevista para hoy y en la que tenía previsto abrir un nuevo plazo para la presentación de candidaturas para el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, vacante desde que destituyó a su titular, José Aranda, hace dos meses. La Asociación de Fiscales, dirigida por Úrculo hasta su nombramiento como fiscal general, hizo ayer público un duro comunicado en el que acusa al Gobierno y al Parlamento de "intromisión intolerable" por oponerse a la designación de Luis Poyatos.
La convocatoria del Consejo Fiscal fue notificada en una nota oficial de la Fiscalía General del Estado del pasado miércoles, tras la renuncia del fiscal Luis Manuel Poyatos a su candidatura después de que se lo pidieran la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el fiscal general, según Poyatos. Ayer, el fiscal general aplazó la convocatoria indefinidamente sin dar explicaciones. Según fuentes del ministerio público, el aplazamiento tiene como objetivo resolver antes los expedientes abiertos a cuatro fiscales de la Audiencia Nacional, entre ellos al fiscal Eduardo Fungairiño, quien presentó su candidatura tras haberse significado como uno de los rebeldes más activos contra su antiguo jefe.Tras la renuncia de Poyatos y la convocatoria del Consejo Fiscal, Fungairiño aseguró que no presentaría de nuevo su candidatura mientras no estuviese resuelto su expediente disciplinario, ni tampoco en el caso de que éste se resolviese con sanción. El fiscal de Sala del Tribunal Supremo que ha instruido el expediente ha pedido para Fungairiño un mes de suspensión de empleo y sueldo por una "falta muy grave de conducta irregular que compromete la dignidad de la función fiscal".
Bajo estas premisas, de haberse abierto hoy el plazo para presentar candidaturas por el Consejo Fiscal, Fungairiño habría quedado eliminado como candidato, ya que no habría dado tiempo a que se resolviese su expediente en los diez días de plazo para admisión de candidaturas. En cambio, si Ortiz Úrculo, tras aplazar sine die el Consejo Fiscal, resuelve primero el expediente de Fungairiño y decide que éste quede exonerado de sanción, tendría un candidato libre de culpa y bien dispuesto a asumir la jefatura de la institución. A partir de ahí, Úrculo podría volver a convocar la plaza.
Si por el contrario, Fungairiño fuese sancionado o fueran trasladados algunos fiscales del grupo de los rebeldes, podrían reconsiderar su negativa algunos de los fiscales a los que Úrculo ofreció la jefatura. El cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional lleva aparejada la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, para la que se exige una antigüedad de 20 años, y hay más de un centenar de fiscales que cumplen ese requisito.
Alegaciones
María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo, dos de los fiscales que encabezaron el amotinamiento contra el fiscal jefe José Aranda y a los que úrculo ordenó abrir expediente de traslado forzoso, han alegado en su defensa que los enfrentamientos con su anterior jefe ya no existen debido a que éste fue destituido de la jefatura y trasladado forzosamente fuera de la Audiencia. Este mismo argumento ya fue sugerido por alguno de los integrantes del Consejo Fiscal el mismo día que se acordó el traslado forzoso de Aranda, pero la mayoría se opuso entonces a archivar los expedientes de los fiscales díscolos.
Fuentes de la carrera fiscal insisten en que mientras en la Audiencia Nacional siga incólume el grupo de fiscales rebeldes, ningún fiscal de prestigio pedirá la jefatura de la Audiencia. De hecho, tras mes y medio de intentos para cubrir la plaza del defenestrado Aranda, Úrculo sólo pudo elegir entre el expedientado Fungairiño y Luis Manuel Poyatos, el antiguo fiscal del Triunal de Orden Público que no se opuso a la libertad del mafioso Antonio Bardellino y que, además, era gran canciller de una secta de ultraderecha.
La renuncia de Poyatos, miembro de la Asociación de Fiscales, se produjo, según él, después de que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y el fiscal general, Ortiz Úrculo, le pidieran la retirada de su candidatura para evitar la salida de todos ellos de sus cargos. La ministra de Justicia desmintió la versión de Poyatos, mientras que el fiscal general dijo que se encontraba "solo ante el peligro" y que el Gobierno le había abandonado. Sin embargo, cuando el caso Poyatos parecía enterrado, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, de talante conservador y de la que era presidente hasta su nombramiento el actual fiscal general del Estado, calificó ayer de "intromisión intolerable" del "poder político" la descalifiación de la propuesta de Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que tenía el respaldo del Consejo Fiscal y del fiscal general del Estado.
Por otra parte, el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una interpelación urgente sobre la posición del Gobierno respecto al modelo de Fiscalía.
