Los instructores piden sanciones mínimas para los fiscales investigados en la Audiencia Nacional

La crisis que desde hace una semana atenaza a la Fiscalía General del Estado se recrudeció ayer, al conocerse que los expedientes incoados al grupo de fiscales de la Audiencia Nacional se cerrarán con sanciones mínimas de entre uno y tres meses de suspensión de empleo y sueldo. Cuando el fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, había conseguido que su candidato, Luis Poyatos, presentase su renuncia voluntaria a la plaza de fiscales jefe de la Audiencia, los fiscales expedientados filtraron las simbólicas propuestas de sanción con el fin de espantar a eventuales candidatos al cargo. Desde Salamanca, el expedientado Ignacio Gordillo reclamó para Eduardo Fungairiño, uno de los más significados del grupo, la plaza de fiscal jefe.

El instructor de los expedientes disciplinarios a los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y María Dolores Márquez de Prado ha propuesto para ambos la sanción mínima, un mes de suspensión de empleo y sueldo, contemplada para una falta muy grave de "conducta irregular que compromete la dignidad de la función fiscal". Dicha conducta fue apreciada por la Inspección Fiscal en la ocultación de un informe policial que debían haber aportado al sumario por el atentado contra José María Aznar.Para el fiscal Pedro Rubira, la sanción propuesta por el fiscal de Sala José María Luzón ha sido de tres meses de suspensión de empleo y sueldo, por una falta muy grave al haber admitido que sus alumnos realizaran informes sobre causas en tramitación y poniendo a disposición de éstos secretos sumariales.

La falta de indignidad en la función fiscal esta tipificada en el artículo 62 del Estatuto de los Fiscales como muy grave, sancionable con suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año y separación de la carrera. La propuesta de un mes de suspensión, formulada por el instructor José Íscar, es, por tanto, la sanción mínima.

Al fiscal Ignacio Gordillo no le fue notificada su propuesta de sanción por estar en Salamanca participando en una mesa redonda, pero está incurso en los mismos hechos que Rubira y fuentes de la Audiencia señalaron que la sanción será la misma.

Gordillo y Márquez de Prado tienen además abiertos sendos expedientes de traslado, cuyo resultado sigue sin conocerse casi tres meses después de su apertura. Los instructores de los expedientes han sido fiscales de Sala del Tribunal Supremo designados por Úrculo.

En las últimas semanas, el fiscal general, Ortiz Úrculo, ha insistido reiteradamente en la presunción de inocencia de los expedientados, y ha llegado, a asegurar en una emisora de radio que cuando los expedientes queden resueltos se verá cómo de estos fiscales se han dicho "muchas cosas que no se deberían haber dicho".

Según fuentes del ministerio fiscal, algunos de los fiscales a. los que Úrculo propuso la jefatura de la Audiencia Nacional la habrían aceptado con la condición de que antes se hubiera disgregado al grupo de amotinados, procediendo citando menos al traslado de Gordillo y Márquez de Prado. "Esa fiscalía es un avispero y entre los fiscales de prestigio nadie quiere p(-,Ieas", añadieron las citadas fuentes, recordando la defenestración del fiscal jefe José Aranda tras enfrentarse con el grupo.

Según estas fuentes, Úrculo, pese a haber cedido a la apertura de los expedientes para compensar la destitución de Aranda, siempre ha sido partidario de mantener en la Audiencia a este grupo de fiscales, cuyas actuaciones respaldó, citando no jaleó abiertamente, desde su anterior cargo de portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales.

A partir de ahora, los expedientados disponen de un plazo de ocho días para hacer alegaciones antes de que el fiscal general imponga, en su caso, la sanción definitiva. José Íscar, el instructor del expediente a Fungairiño y Márquez de Prado, ha reconocido la labor incluso "arriesgada" que llevan a cabo estos fiscales y apunta a que una intervención más directa del anterior fiscal jefe podría haber evitado el comportamiento de ambos. íscar señala que el expediente no ha prescrito aunque, contradiciendo su primera afirmación, señala ahora que el informe policial que Fungairiño y Márquez no incorporaron al sumario no era decisivo sobre la participación de etarra en el atentado.

Mientras tanto, Luis Poyatos, el candidato propuesto al Gobierno por el fiscal general Ortiz úrculo como "más idóneo" para ocupar el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, presentó ayer su renuncia tras constatar que de ninguna manera iba a ser nombrado por el Ejecutivo. Poyatos justificó su renuncia en que se encuentra "muy incómodo y molesto" ante la campaña que se ha levantado contra su persona, pero en el oficio remitido al fiscal general no explica sus razones.

En su escrito, entregado hacia las 11 de la mañana, menciona que la prensa y la radio habían hecho publica su renuncia a primeras horas de la mañana, "lo que no es cierto". La Fiscalía no informó de la renuncia de Poyatos hasta pasadas las tres de la tarde.

El fiscal del Estado remitió la renuncia de Poyatos a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante -quien la pasada semana había ponderado "el gran prestigio" del candidato- y anunció su intención de convocar al Consejo Fiscal la próxima semana.