Que se lo piensen

EL GOBIERNO tiene motivos para estar agradecido a Rosa Aguilar, diputada de Izquierda Unida (IU), por la denuncia pública que hizo el jueves de la supuesta pertenencia del fiscal Luis Poyatos a una secta de ultraderecha. Lo de menos es si la tal secta es realmente muy ultra y si Poyatos pertenece, o más bien perteneció en el pasado, a la misma. Lo que cuenta es que esa denuncia ha proporcionado al Gobierno un pretexto para paralizar su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El portavoz del Gobierno, Rodríguez, se limitó a comunicar tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer que el asunto no fue planteado por la ministra de Justicia dado que "estaba incompleto" el expediente profesional que debe acompañar a la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Fiscal.La excusa sirve al Gobierno para darse una semana más de plazo antes de tomar -una decisión. Porque no es cierto, como también dijo el portavoz, que el papel del Gobierno en el nombramiento del fiscal de la Audiencia se limite a la ratificación de una decisión tomada por el ministerio fiscal. La decisión, que es sustancialmente política, corresponde al Gobierno. Y había motivos Políticos, con independencia del asunto de la secta, para que el Ejecutivo rechazara poner a alguien como Poyatos al frente de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Este órgano jurisdiccional tiene entre sus manos asuntos de evidente dimensión política, especialmente todos los relacionados con el terrorismo. Colocar de fiscal jefe a a guien en cuyo currículo figura la pertenencia, entre 1967 y 1970, al siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo sería hacer un impagable favor a los abogados -en sentido estricto y en el metafórico- de los terroristas; y a los terroristas mismos, que iniciaron su carrera porque alguien les dijo que "todo sigue igual" que antes de la muerte de Franco.

Por supuesto que la amnistía que selló la reconciliación al comienzo de la transición fue recíproca, y por eso, a la vez que los presos políticos salían de las cárceles y se borraban sus antecedentes, quienes los habían detenido y enviado a prisión pudieron seguir ocupando puestos en la Administración. Pero una cosa es proseguir su carrera profesional y otra facilitar desde el Gobierno el acceso a un puesto tan delicado como el de fiscal de la Audiencia Nacional.

El otro candidato, Eduardo Fungairiño, declaró ayer que "nadie está autorizado para otorgar carnés de demócrata", añadiendo que hasta 1978 todos los fiscales se vieron obligados a jurar los principios fundamentales del franquismo. Sin embargo, no todos fueron fiscales del TOP, un tribunal que acabó sus días juzgando y condenando a estudiantes de bachillerato acusados de asociación y propaganda ilegal. Por mucha buena conciencia que tengan estos gobernantes de ahora -y ésa es una diferencia con los de la UCD-, alguien debería recordarles esas cosas.

Si se ha llegado a esta situación es, en parte, por la falta de previsión del fiscal general, Ortiz Úrculo, que, en un ejercicio de justicia salomónica, destituyó al anterior fiscal jefe, José Aranda, sin contar con una alternativa: el otro único candidato era el citado Fungairiño, uno de los fiscales expedientados por las irregularidades que Aranda no habría combatido con suficiente energía. Tener que elegir entre un fiscal expedientado y un ex fiscal del TOP, involucrado además en el escándalo de la puesta en libertad del mafioso Bardellino, es una situación que pudo y debió haberse evitado.