Gómez de Liaño abre diligencias por una denuncia penal contra Sogecable

Otra denuncia fue adjudicada hace 10 días a García Castellón

El juez Javier Gómez de Liaño abrió ayer diligencias previas como consecuencia de la denuncia presentada por el director de Época, Jaime Campmany, contra la empresa Sogecable, propietaria de Canal +. La denuncia fue presentada el pasado lunes ante el juez decano de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y adjudicada por reparto ese mismo día al Juzgado de Instrucción número 1, cuyo titular es Gómez de Liaño. Otra denuncia contra la misma empresa, presentada hace unos diez días, le correspondió por el mismo sistema al juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado número 6 de la Audiencia.

La denuncia de Campmany hace referencia a supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil y societario. Una denuncia anterior, con acusaciones del "sino tenor contra Sogecable, fue presentada hace 10 días por persona cuyo nombre se desconoce. El juez García-Castellón la pasó al fiscal Ignacio Peláez para que emitiera un informe sobre competencia de la Audiencia por los hechos denunciados. En el supuesto de que éstos coincidieran, el asunto debería ser tramitado por García-Castellón, al que le fue turnado el caso con anterioridad.Gómez de Liaño dictó ayer un auto por el que abría un procedimiento penal, sin remitir la denuncia previamente al fiscal para que informase sobre su competencia, como es habitual. En la resolución dictada ayer y que fue notificada al fiscal Ignacio Gordillo, encargado del caso, el juez explica que los hecho! denunciados son competencia de la Audiencia Nacional por afectar presuntamente al patrimonio de una generalidad de personas y porque pueden tener grave repercusión en el tráfico mercantil, según informaron fuentes de esa jurisdicción.

En el auto en el que se adoptan las medidas, el juez no cita al denunciante para que ratifique la denuncia -otro de los pasos usuales- sino que acuerda una serie de diligencias previas, cuyos detalles no han trascendido. Fuentes de la Audiencia aseguraron aye rque entre las medidas, adoptadas por el juez figura el requerir una serie de datos sobre la composición del Consejo de Administración de Sogecable y otros relativos a la contabilidad de la sociedad.

Las cuentas de Canal +, en las que parece basarse la denuncia de Jaime Campmany, no sólo están a disposición del público a través del correspondiente registro mercantil, sino que han sido depositadas anualmente en el Ministerio de Fomento (antes de Obras Públicas), en cumplimiento de la normativa vigente sobre las empresas concesionarias de televisión privada. Nunca, hasta la fecha, se había producido observación alguna respecto a las mismas.

Según ha publicado la revista Época, el Gobierno dispone de un informe "elaborado por expertos del sector privado". El contenido de ese trabajo ha sido filtrado a dicha revista y a El Mundo, medios. ambos vinculados a la empresa de televisión digital DTD, promovida por el Gobierno y encabezada por la Compañía Telefónica, que compite con Canal Satélite Digital, en la que Sogecable posee el 85% del capital.

Antes de que Época informara de que sus noticias se basan en un informe de "expertos del sector privado" entregado al Gobierno, Jesús Cacho dio cuenta de su contenido, sin citar la fuente, en un número anterior de la revista y en las páginas de El Mundo, sin citar la fuente. Los escritos se centran en dos cuestiones:

Depósitos. Los depósitos pagados por los abonados de Canal + que se devuelven en caso de que el suscriptor se dé de baja, han sido usados por Canal + sin permiso expreso del depositante. Tales depósitos son en realidad una garantía de que el descodificador cedido al abonado será devuelto por el abonado si se da de baja. La propia revista reconoce que ese importe ha sido devuelto "en todos los casos de los que tiene conocimiento nuestra revista". Durante estos seis años y medio de operación de Canal Plus ha habido cerca de 400.000 bajas.

IVA. Los medios citados sostienen que la rebaja del IVA aprobada en el año 1993 debía haberse descontado en su totalidad de la cuota de los abonados. Eso habría generado "unos 11.344 millones" de beneficio para Canal + Sogecable", según la versión de El Mundo (21 -2-97), mientras que Época lo deja en "unos 5.500 millones" (3 de marzo). Los abonados a Canal + fueron informados en su día individualmente de que el Gobierno había reducido el IVA y de la modificación que, a partir de ese momento, experimentarían las cuotas mensuales. Lo mismo se ha hecho reciente mente a raíz de la subida del IVA decretada por este Gobierno, que fue absorbida casi a partes iguales por la empresa y por las cuotas de los abonados.La sociedad Arthur Andersen, que ha auditado a Canal + desde 1990, ha reiterado que las cuentas aprobadas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa, que "no procede acusar a. la sociedad de grave irregularidad contable alguna" y que "no existe duda alguna" sobre su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de febrero de 1997.

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