Ortiz Úrculo pide el archivo del intento de soborno de Estevill a García Ancos

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, ha remitido un escrito al presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Roberto García Calvo, en el que le pide el archivo de las diligencias abiertas contra el ex juez Luis Pascual Estevill por un presunto delito de compra ilegal del voto del también ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gregorio García Ancos. El fiscal Ortiz Úrculo afirma en su escrito que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

Las diligencias en el Supremo venían apoyadas por la querella de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, que acusaron de cohecho y tráfico de influencias a Pascual Estevill tras conocerse que durante el descanso de un pleno del CGPJ, el ex juez pro puso a Gregorio García Ancos colocar a un hijo de este último en La Caixa a cambio de obtener ilegalmente su voto en una sesión del máximo órgano de la judicatura.

Colocar al hijo

Los hechos se conocieron a través de una entrevista de EL PAÍS con el vocal del CGPJ Ignacio Sierra. Posteriormente, García Ancos ratificó que el 21 de febrero de 1996 Pascual Estevill le ofreció colocar a. su hijo "en La Caixa en 48 horas y para siempre", a cambio de que votara en contra de remover al exjuez del cargo de vocal del CGPJ, como pretendían los vocales progresistas.El magistrado García Ancos reconoció abochornado que casi no supo reaccionar ante la insólita propuesta de Estevill: "Le respondí que mi hijo estaba en un escalafón del Estado y salí del despacho un poco indignado, mientras él insistía: 'Bueno ya hablaremos". El intento de soborno de García Ancos coronó la crisis del CGPJ, dividido en dos claros frentes por el mantenimiento del ex juez, vocal propuesto por CiU que con su voto inclinó decisiones cruciales de la judicatura en favor del PP. La más importante de ellas fue la no designación de José Jiménez Villarejo, el candidato progresista, para la presidencia de la sala segunda del Supremo, que pasó a manos del magistrado conservador Fernando Cotta.

Aunque los hechos fueron denunciados por el propio CGPJ al entonces fiscal general del Estado, Carlos Granados, las dos asociaciones querellantes se decidieron a interponer querella "por no tener noticia de que se hubiera iniciado actuación alguna". Con posterioridad, el fiscal general dio orden de investigar el asunto. Los querellantes insistían en que el presunto delito de cohecho se consumó con independencia de que el ex vocal García Ancos primero rechazase y luego denunciase el objetivo de Estevill de corromperle.

La decisión de Ortiz Úrculo fue considerada "sorprendente después de las decisiones tornadas contra Estevill por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" por Ignacio Sierra, que abandonó el CGPJ como protesta por el mantenimiento de Estevill.