El juez decide cerrar el caso de Susana sin procesar a nadie por su muerte

La primera autopsia, practicada por los forenses García Nart y Perea, reveló que la muerte se debía a una parada cardiaca en la que habían influido varios factores: el frío, un edema de pulmón y la ingesta de sustancias tóxicas.La juez Ferrer, basándose en el dictamen de los expertos, dio por concluida la investigación y la remitió a la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid. Esta instancia judicial (integrada por tres magistrados) decidió reabrirla para que se investigase una cinta de casete grabada por un rapado antes de huir de su domicilio de Alcobendas. En ella, el rapado confesaba que había pertenecido al grupo de extrema derecha Bases Autónomas y dejaba entrever que la chica había sido asesinada por personas de esa organización.

La juez no dio credibilidad a la cinta y optó por cerrar el caso. La Audiencia, no obstante, ordenó que tomase declaración a las personas que el rapado citaba en la cinta. Cinco supuestos miembros de Bases Autónomas desfilaron por el juzgado y negaron cualquier implicación en la muerte de Susana. La magistrada también citó al rapado, pero éste se hallaba en paradero desconocido. Entretanto, los padres de Susana habían contratado al forense sevillano Luis Frontela, quien emitió un informe, basándose en fotografías del cadáver, en el que indicó que la chica fue "estrangulada".

Tras casi un año de búsqueda, el rapado fue localizado por la policía en Castellón. Viajó a Madrid y señaló a la juez que la cinta era pura invención suya. Los padres de Susana habían solicitado reiteradas veces, sin éxito, que se practicase una segunda autopsia a la chica. La juez accedió finalmente a exhumar el cadáver, pero se negó a que la autopsia se celebrase en Sevilla y bajo la dirección de Frontela, como éste pretendía. Frontela renunció a participar en ella. Fue entonces cuando la familia buscó a José Ramón Civantos, actual forense.

En el informe que entregó ayer al juez instructor, Civantos descarta que Susana fuese estrangulada. Pero da por hecho que hubo un homicidio, y además sostiene que éste se produjo en un lugar distinto a donde se encontró el cadáver. Basa su afirmación en que la tierra encontrada en las botas del cadáver no existe en la zona en que fue hallada.

El cadáver fue desenterrado en el cementerio de Palacios de la Sierra, municipio burgalés del que procede su familia, el 29 de febrero de 1996 y, trasladado al Instituto Anatómico Forense de Madrid. Tras casi un año de pruebas y análisis, los forenses dieron por concluidos sus estudios y el cadáver fue enterrado de nuevo, hace apenas un mes, en el citado cementerio.