La Agencia de Protección de Datos investiga las videograbaciones del metro

El director de la Agencia de Protección de Datos, Juan José Martín-Casallo, ha resuelto dirigirse al Consorcio Regional de Transportes para recabar datos sobre el destino y el tipo de control que la compañía ejercerá sobre las grabaciones obtenidas en el subsuelo. Esta iniciativa surge después de que el consejero de Transportes, Luis Eduardo Cortés, hiciese público que el nuevo plan de seguridad del metro prevé la instalación de unas 800 cámaras con capacidad para grabar a los usuarios. A partir de la respuesta de Transportes, Protección de Datos dará el visto bueno o vetará las grabaciones.

, El consejero de Transportes defendió el martes la medida como un "avance de la ciencia". "No es lo mismo la calle que el metro. Esto es como el sistema que tienen en los cajeros automáticos. Si hiciésemos un referéndum entre los viajeros, estoy seguro de que estarían encantados", dijo Cortés.Frente a este optimismo, algunas fuentes jurídicas mostraron sus dudas. "La grabación implica una captación de datos de carácter personal. Esto no está prohibido en tanto que se realiza en un espacio público y su fin es la seguridad. Pero el destino de estas grabaciones ha de estar sujeto a control", afirmó a este periódico un magistrado del Supremo.

En un sentido más crítico se expresó ayer la Asociación Pro Derechos Humanos, una entidad que ya en 1994 se mostró beligerante con el fallido proyecto del alcalde de Madrid de instalar cámaras en las calles con mayor índice de delincuencia. "El riesgo reside en grabar, sobre todo, aquellas situaciones en las que no hay indicios de delito. Entonces se corre el peligro de que se viole la intimidad de las personas, de que se haga un uso indebido de estas grabaciones. Para evitarlo hay que controlar el proceso de obtención de las imágenes y destruirlas inmediatamente, siempre y cuando no contengan indicios de delito", afirmó el vicepresidente de la citada asociación, Luis Otero.

En la misma línea se manifestó el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, para quien la videovigilancia inhibe el ejercicio de aquellos derechos y libertades que se ejercen en lugares públicos. Sólo en aras de protegerlas cabe, en opinión de Alonso, recortarlas. "El uso de cámaras debe rodearse de un fuerte aparato de garantías, para que los ciudadanos puedan estar seguros de que no habrá una utilización indebida de las imágenes que nada tengan que ver con hechos ilícitos. También se ha de asegurar la rápida destrucción de lo registrado", dijo Alonso.

El plan de seguridad entrará en vigor el 1 de marzo. En un principio sólo un 15% de las cámaras podrá grabar, aunque la Comunidad espera que a Fin de año este porcentaje llegue al 40% de las 2.000 terminales.