Un amplio compromiso para mejorar la educación

Una reforma educativa que pretende ampliar la educación a todos los alumnos, organizar nuevas etapas educativas, transformar la formación profesional, mejorar la calidad de la enseñanza y conseguir una mayor igualdad en el acceso a la educación necesita tiempo y un apoyo sostenido de todos los sectores sociales. Los cambios educativos que se propusieron a comienzos de los años ochenta no eran propuestas superficiales y escasamente relevantes, sino que respondían a las profundas transformaciones sociales que se estaban produciendo en España. Hoy, casi dos décadas después, esos mismos cambios son imprescindibles. Mientras que la sociedad avanza a un ritmo imparable, la educación tiene el riesgo de quedarse claramente rezagada. Hay que reconocer, sin embargo, que los cambios en educación exigen un tiempo prolongado y una mayor confluencia de esfuerzos y de voluntades.La importancia de la reforma educativa para el futuro de la sociedad española hace necesario avanzar hacia un compromiso de todos los sectores políticos y sociales en el que se establezcan las bases comunes para su desarrollo y culminación. Un compromiso que se extendería a los próximos cinco años, tiempo necesario para consolidar los cambios educativos. Los elementos básicos de este acuerdo serían los siguientes:

1. Financiación de la educación. Acuerdo parlamentario para la financiación de la reforma educativa a lo largo de los próximos cinco años. En este acuerdo se establecerán los compromisos presupuestarios para completar la red de institutos de secundaria, la mejora de la calidad de los centros públicos, la financiación de la formación profesional, los programas de compensación de las desigualdades, la financiación de los conciertos educativos con los centros privados y el inicio de un nuevo sistema de incentivos profesionales a los profesores. De esta forma, al final de este proceso, el porcentaje del gasto público en educación se situará previsiblemente por encima del 5,5% del PIB. Esta cifra situaría a España entre los países que otorgan a la educación una clara prioridad.

2. Estructura del sistema educativo. Se mantendrá el objetivo de extender la educación obligatoria y gratuita hasta los 17 años y la organización de la educación secundaria en dos etapas: secundaria obligatoria de cuatro años de duración y bachillerato. El último año de la educación obligatoria tendrá, además de la finalidad de completar la educación básica, un carácter orientativo para los alumnos según fueran a cursar posteriormente estudios de bachillerato o de formación profesional. La organización de las enseñanzas se realizará con criterios flexibles, desarrollando la autonomía de los centros y la atención a la diversidad de los alumnos.

3. Sistema integrado de formación profesional. Se impulsarán las iniciativas políticas, legislativas y organizativas para configurar un sistema integrado de todas las ofertas de formación profesional. Se desarrollará el sistema nacional de cualificaciones y la correspondencia entre la experiencia laboral y los módulos de formación profesional.

4. Desarrollo profesional y valoración social de los docentes. Se diseñará un nuevo marco de incentivos profesionales y retributivos para los profesores. El actual sistema se sexenios relacionados con la formación se ampliará con nuevos incentivos vinculados a la valoración de la práctica docente, a los proyectos de innovación o al trabajo en equipo. Se ampliará la oferta de formación del profesorado.

5. Financiación de la enseñanza. El reconocimiento y apoyo a la enseñanza pública, abierta a todos los alumnos, debe armonizarse con el derecho de la enseñanza privada a recibir los recursos necesarios para cumplir sus objetivos con criterios de calidad, proporcionándose más medios a aquellos centros que escolarizan alumnos con mayores problemas sociales y culturales o con necesidades educativas especiales.

Durante los próximos años se mantendrá el esfuerzo presupuestario para completar la red de institutos de educación secundaria, mejorar las instalaciones y equipamientos, incorporar la plantilla necesaria de profesores y dotar a todos los institutos de departamentos de orientación. Los centros situados en zona rural recibirán una especial atención. Se extenderá la gratuidad de la enseñanza hasta los 16 años y, en consecuencia, se ampliarán los conciertos educativos hasta el final de la educación secundaria obligatoria. Al término de este proceso se procederá a la fijación de los módulos económicos en función de las características de las nuevas enseñanzas y se desarrollarán sistemas de financiación con corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades privadas titulares de centros concertados, sin fines de lucro, para ampliar la oferta gratuita del segundo ciclo de la educación infantil.

6. Elección de centro. Se facilitará la elección de centro a los padres. Esta posibilidad de elección tendrá como límite la oferta de plazas disponibles. Los criterios de admisión serán comunes y objetivos para garantizar la igualdad entre todos los alumnos. En este marco se ampliará razonablemente la zona de influencia de los centros. En el caso de un número insuficiente de puestos en un centro serán criterios de decisión la proximidad del domicilio, los hermanos en el centro y la renta de los padres. Todos los centros sostenidos con fondos públicos tendrán la obligación de escolarizar a los alumnos con necesidades educativas especiales o que proceden de minorías étnicas y culturales.

7. Política de educación compensatoria. Los poderes públicos ampliarán sus programas de educación compensatoria. El Ministerio de Educación incorporará e incrementará progresivamente un capítulo presupuestario específico destinado a colaborar con las comunidades autónomas que tengan que escolarizar a un mayor número de alumnos que estén en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

8. Participación en la gestión de los centros. Se impulsarán iniciativas que aseguren una mayor participación y control social de los centros sostenidos con fondos públicos. La evaluación de los centros deberá permitir que cada comunidad educativa conozca el funcionamiento de su centro y pueda acordar programas para mejorarlo. Las evaluaciones que se realicen deberán tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros, el nivel inicial de los alumnos que en él se escolarizan, los procesos educativos y los resultados que se obtienen.