Asociaciones de jueces y fiscales critican que el fiscal del Estado difunda una denuncia anónima

Colectivos de jueces y fiscales criticaron ayer la actitud del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, quien el martes comunicó a través de una "nota de prensa" el inicio de una investigación interna contra las empresas Ferrer Europa, Antena 3 y Gestora de Medios Audiovisuales. Especialmente críticos fueron los portavoces con la difusión de datos contra estas dos últimas empresas, toda vez que la investigación se basa en una denuncia anónima. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, insistió en "no entrar ni salir" sobre actuación de Úrculo. Tampoco lo hizo Margarita Mariscal: "El Gobierno y la ministra de Justicia no tienen ninguna opinión que dar al respecto" dijo en Holanda.

, Todos los portavoces consultados tuvieron en cuenta los preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal relativos a las denuncias mediante las que se ponen en conocimiento "del juez de instrucción (...) o funcionario fiscal más próximo" la perpetración de delitos. El artículo 266 de dicha ley exige: "La denuncia que se hiciere por escrito deberá ser firmada por el denunciador, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego". Sin embargo, Ortiz Úrculo se ha apoyado en la doctrina que ha abierto la mano para que excepcionalmente se investiguen denuncias anónimas para remitir a la Fiscalía Anticorrupción las acusaciones contra Antena 3, una de las empresas firmantes del acuerdo sobre los derechos del fútbol y de la plataforma digital de Sogecable, Canal Satélite Digital.El magistrado José Antonio Alonso, portavoz de la progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, cree que, junto a la exigencia legal de identificación del denunciante, "la racionalidad del sistema democrático impide dar credibilidad a una denuncia anónima, que no ofrece encaje constitucional, por lo que la decisión de tramitarla puede llevar a una actuación fiscal propia de un Estado dudosamente democrático". Alonso distingue entre "la conveniencia excepcional de mantener el anonimato del denunciante, para garantizar su vida o su intimidad, y la difusión de una investigación interna de la fiscalía sobre una denuncia anónima que, si se demuestra su falta de solidez, mostrará una politización de la fiscalía preocupante desde una concepción democrática de la justicia".

Decisión "precipitada"

Por su parte, el fiscal Miquel Miravet, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, calificó de "precipitada la decisión de Ortiz Úrculo de remitir a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia anónima sobre posibles irregularidades de empresas vinculadas al presidente de Antena 3, Antonio Asensio. Miravet cree que "debería haberse realizado una investigación previa en la Fiscalía General del Estado". Fuentes de esta fiscalía admitieron a EL PAÍS la falta de solidez de la denuncia.

El magistrado José Luis Requero, portavoz de la APM, que preside Ramón Rodríguez Arribas, manifestó que "el fiscal ha obrado como le ha parecido, por lo que nosotros, tratándose de una cuestión jurisdiccional, ni entramos ni salimos". Preguntado sobre el carácter anónimo de la denuncia, Requero reconoció que "no parece la forma más correcta de denuncia", pero recordó que "todavía no se ha producido ninguna actuación procesal".

Al ser requerido sobre cómo se concilia la presunción de inocencia -que la APM suele defender- con la difusión de una nota de prensa originada en una denuncia anónima, Requero insistió: "Sobre la trascendencia a la opinión pública ni entro ni salgo. Si se ha recibido una denuncia y se le envía a la Fiscalía Anticorrupción, no tengo ningún comentario que hacer. Los criterios de dar publicidad a las actuaciones están en función de la razonabilidad de las mismas, apreciada en cada momento por el fiscal general".

La magistrada María Tardón, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, defendió que "las denuncias anónimas no pueden archivarse, sino investigarse", aunque matizó que "a lo mejor debía de haberse esperado más tiempo". Explicó la actitud, en este caso generosamente informativa del fiscal general, en que "a Juan [por Ortiz Úrculo] se le han interpretado tantas cosas o se le ha criticado por no informar que, por lo que se ve, se ha decidido a hablar".

La magistrada recordó las críticas recibidas por Ortiz Úrculo por sus actuaciones, como cuando hizo una llamada telefónica al presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en plena deliberación sobre si se llamaba o no a declarar a Felipe González y otros políticos en el caso GAL. Tardón alegó en defensa del fiscal general una última hipótesis: "Él habrá calculado que a lo mejor el denunciante podía filtrarlo a los medios de comunciación social y acusarle de ocultamiento, mostrando el sello de entrada en la fiscalía".