El fiscal investiga delitos ecológicos en el asentamiento del Guadarrama

El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Jusicia de Madrid ha empezado a investigar un presunto delito ecológico cometido por todas las administraciones "al permitir un asentamiento ilegal de infraviviendas en el río Guadarrama y la salvaje explotación de áridos", según consta en la denuncia interpuesta por un vecino de Móstoles (196.500 habitantes).En el escrito admitido a trámite se pone de manifiesto que hubo "una tala indiscriminada de árboles y la destrucción del hábitat de varias especies de aves". La cuenca del río Guadarrama, junto a la del Jarama, son las más peligrosas de la Comunidad en caso de inundación. La lluvia inundó tres chabolas del bajo Guadarrama el jueves pasado.

El denunciante afirma que la Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y propietaria del suelo, "consintió la deforestación del margen del río", mientras que el Ayuntamiento Iegalizó" el asentamiento mediante la concesión de cédulas de habitabilidad, a cambio de 5.000 pesetas. La actual corporación -que está fuera de la denuncia- investigará si el consistorio proporcionó los documentos.

Las compañías Iberdrola y Telefónica "también son culpables", según la denuncia, "porque concedieron luz y teléfono al poblado de las infraviviendas". El fiscal de Medio Ambiente ha citado a declarar el próximo miércoles a Gabriel Ramos, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.