Rumasa ha generado más de 200 sentencias desde la expropiacion

José María Ruiz-Mateos asegura que quiere un "juicio justo" sobre la expropiación de Rumasa y pregona a la menor ocasión que 14 años después todavía espera un pronunciamiento judicial sobre su caso. A la vista de sus quejas y con el paso del tiempo, parece que ningún tribunal se haya ocupado de su polémica gestión al frente de las empresas del grupo Rumasa. Nada más lejos de la realidad. Desde la expropiación del holding de la abeja: en 1983, se han dictado más de 200 sentencias sobre el caso Rumasa. Pocas son favorables a las tesis del empresario de Jerez.

Los jueces se han pronunciado desde 1983 sobre múltiples asuntos relacionados con Rumasa y la expropiación de sus empresas (20 bancos, 170 sociedades activas, 361 empresas instrumentales, 220 no operativas y 86 sumergidas). Desde la constitucionalidad de la expropiación. a la reprivatización de empresas, pasando por las reclamaciones presentadas por la familia Ruiz-Mateos (163). Sobre el caso Rumasa se ha pronunciado en España el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en dos de sus Salas, el Consejo de Estado, el Congreso de los Diputados, el Banco de España, Hacienda y la Fiscalía de la Audiencia.Incluso ha habido pronunciamiento en el deseo más perseguido de Ruiz-Mateos: sentar en el banquillo a quienes decidieron la expropiación. El Tribunal de Cuentas decidió en 1991 que no había lugar a incoar el procedimiento reclamado por la inexistencia de malversación de caudales públicos.

La mayoría de las sentencias son desfavorables al empresario porque en unos casos avalan la constitucionalidad de la expropiación (sentencias del Constitucional del 2 de diciembre 1983, 19 de diciembre de 1986, 18 de abril de1,988 y 15 de enero de 1991) y en otros ratifican la corrección de la reprivatización.

En las sentencias probablemente más significativas -como la del juez Gibson, de la Alta Corte Británica (11112 de 1986) o la de la juez June Green de EE UU (29 de enero de 1991)-, además de dar la razón al Estado español en los pleitos planteados (propiedad del grupo Multinvest en, Reino Unido y propiedad de la marca Dry Sack en EE UU), los jueces relatan múltiples irregularidades en la gestión del grupo antes de ser expropiado.

Préstamos irregulares

La sentencia del juez británico recoge, por ejemplo, que la adquisición del grupo de empresas de Rumasa en el exterior se financió con préstamos irregulares de bancos del grupo por importe de 39 millones de dólares USA, siete millones de francos suizos. y 10 millones de marcos alemanes. Los fondos, según la investigación, se movieron a través del Banco Nordfinanz de Zúrich y su destino final fue una sociedad panameña, Inversora Iberoamericana, que escapó al control del Estado.Puede hacerse un resumen de las irregularidades cometidas, con las sentencias e investigacioes que las respaldan: la quiebra gestión irregular de los bancos está avalada por un informe del Banco de España de 1983;la quiebra y gestión irregular de las empresas se detalla en un informe, del Congreso de los Diputados del mismo año; la comisión de presuntas falsedades y estafas está documentada en el auto de procesamiento de Ruiz-Mateos de julio de 1983; la evasión de divisas en la sentencia de a Alta Corte Británica de 1986 y el intento de apropiación indebida de bienes públicos en la sentencia de la juez estadounidense.

Frente a las evidencias, Ruiz-Mateos ha opuesto desde 1983 u aparato de propaganda y, sobre todo, una sentencia del Triunal Europeo de Derechos Humanos que únicamente dio la razón a Ruiz-Mateos en un punto: Rumasa ha excedido "el plazo razonable de un proceso". El Tribunal no entró en más consideraciones, pero Ruiz-Mateos ha utilizado la sentencia y la disparidad de criterios en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como prueba del "robo" de Rumasa.

El empresario va ser juzgado por dos presuntos delitos de falsedad en documento mercantil (los recogidos en el auto de su extradición de Alemania en 1985). o tendrá que responder por las regularidades que detalló la fiscal Carmen Tagle -asesinada por ETA- y cuya enumeración, ilustra qué se hizo en Rumasa: encubrimiento de pérdidas con revalorización de activos (300.000 millones); retenciones de IRPF no ingresadas (11.891 millones); cuotas de la Seguridad Social no ingresadas (1.040 millones); deudas con la Seguridad Social no contabilizadas (10.874 millones) y préstamos ficticios.