La fiscalía alega indefensión para recurrir ante el Constitucional la apertura del juicio de Filesa

La Fiscalía General del Estado confirmó ayer la interposición de un recurso de amaro ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que acordó abrir juicio oral contra 26 inculpados en el caso Filesa. El fiscal ha recurrido el sobreseimiento del delito de falsedad documental respecto a dos empresarios que iban a ser juzgados de todas formas por delitos defraudatorios de contrato simulado. Paralelamente, ayer comparecieron ante el Supremo 13 de los 26 inculpados, a los que se notificó el auto de apertura del juicio oral.

El recurso de amparo fue presentado ayer ante el Constitucional, según informó la Fiscalía del Estado, que dirige Juan Ortiz Úrculo. Se limita exclusivamente a la parte del auto de la Sala Segunda en la que se acuerda el sobreseimiento libre de dos inculpados, Iñigo Larrazábal Uribasterra, consejero delegado de El Viso Publicidad, y José Ramón Lorenzo Elvira, director de Hauser y Menet, respecto al delito de falsedad en documento mercantil, apreciando la prescripción.El motivo del recurso, según la Fiscalía, es que tal prescripción "ha sido acordada por la Sala Segunda de oficio, sin que en ningún momento se diera ocasión al fiscal para alegar lo que estimara preciso acerca de su concurrencia, dando lugar a su posible indefensión".

Según el fiscal, esta decisión ha traído como consecuencia que se haya acordado la apertura del juicio oral respecto a la acusada Aida Álvarez Alvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE, y el sobreseimiento de Larrazábal y Lorenzo Elvira, "pese a la concurrencia en una y otros de idénticas circunstancias".

La Sala Segunda entendió que el delito de falsedad documental había prescrito para ambos directivos, dado que prestaron declaración ante el entonces instructor de la causa, Marino Barbero, en los meses de octubre y noviembre de 1994, "con bastante posterioridad a la prescripción del delito, e incluso tuvieron conocimiento de los hechos una vez transcurrido el plazo de prescripción", que era de tres años desde la emisión de la última factura por el grupo Filesa, en mayo de 1991.

El alto tribunal indicó, sin embargo, que sí se podía abrir juicio contra el senador del PSC-PSOE Josep Maria Sala i Grisó y el ex diputado del, mismo partido Carlos Navarro, que declararon ante el juez, en 1992 y 1993, dado que entonces todavía no había prescrito el delito.

Por su parte, fuentes de la Sala Segunda mostraron ayer su extrañeza por el hecho de que la Fiscalía se decidiese finalmente a articular un recurso de amparo constitucional, dado que "es más que discutible que el fiscal sea titular de derechos fundamentales".

También se extrañaron de que sea el fiscal en vez de los acusados- el que alegue indefensión y que recurra un auto de apertura de juicio contra el que "no hay recurso que valga".

Al desconocer el contenido del recurso, las fuentes consultadas no se pronunciaron sobre los posibles efectos suspensivos del mismo, que, en su caso, podrían generar una nueva y larga dilación de todo el proceso.

Medida inusual

La decisión final sobre la interposición cabe atribuirla al Fiscal General del Estado, Juan Ortiz úrculo, no sólo por lo inusual de la medida sino también porque éste ejercía como fiscal ante el Tribunal Constitucional antes de ser promovido a su actual cargo y es, por tanto, un especialista en la materia. La intención de recurrir fue advertida al presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, ponente del auto recurrido, por los fiscales de Sala Emilio Vez y José. María Luzón, y por el encargado del caso, Antonio Salinas.Por su parte, . la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Álvarez y su compañero Miguel Molledo, imputados en seis delitos, anunciaron ayer, en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, que Presentarán cómo aval la casa que poseen para pagarla fianza de 10 millones de pesetas que se les exige a cada uno.

El único de los imputados que. presentó ayer el importe de la fianza, avalada por la entidad Deutsche Bank, fue Julio Calleja González, de la multinacional ABB, imputado en delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. A la salida, Calleja calificó de "payaso" al empresario Ruiz Mateos, que ejerce la acción popular. El resto de los imputados depositarán la próxima semana un aval bancario.