El Supremo cita a toda la Mesa Nacional de HB y advierte que el que no se presente será detenido

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Martínez-Pereda ha citado a los 25 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna para que declaren por su colaboración en la difusión de un vídeo de ETA en las pasadas elecciones generales y por sendos comunicados sobre los asesinatos del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente y del abogado Fernando Múgica. El magistrado advierte que, caso de no presentarse al llamamiento judicial, "la orden de comparecencia se convertirá en orden de detención"."Nosotros no vamos a ir por nuestro propio pie a ese tipo de citaciones" se ha apresurado a decir el portavoz de HB, Floren Aoiz. "Ni el Tribunal Supremo ni ningún otro tribunal español es quién para exigir a ciudadanos vascos que expliquen el porqué de sus razones y de sus actividades políticas".

Las comparecencias están previstas entre los días 3 y 18 de febrero, a las cinco de la tarde, en tandas de entre dos y cuatro integrantes de la Mesa de HB, que deberán comparecer asistidos de abogado defensor. Los interrogatorios llegan seis meses después de haberse iniciado un sumario que, por diversos motivos, ha pasado ya por tres instructores.La causa fue iniciada, a instancias del anterior fiscal del Estado, Carlos Granados, por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en febrero de 1996. El juez ordenó el secuestro, y prohibió su emisión, de tres videos electorales de la coalición radical, y el 21 de febrero encarceló al portavoz de la coalición Jon Idígoras, al que mantuvo en prisión hasta el 10 de junio siguiente, en que la coalición abterzale pagó una fianza, fijada inicialmente en 300 millones de pesetas y que fue reducida sucesivamente a 15 millones y, finalmente, a cinco.

El juez de la Audiencia Nacional, que tipificó los hechos como delito de colaboración con banda armada, acumuló a este procedimiento sendos comunicados de la Mesa Nacional de HB sobre los asesinatos de Francisco Tomás y Valiente y Fernando Múgica, y una circular interna publicada por el diario vasco Deia. Posteriormente, y al acreditarse que seis de los 25 miembros de HB eran parlamentarios, Garzón remitió la causa al Tribunal Supremo.

A principios del verano, el sumario le correspondió al magistrado de la Sala Segunda José Manuel Martínez-Pereda, quien acordó citar a declarar a todos los miembros de la Mesa Nacional de HB. Pero la baja de este magistrado a consecuencia de una caída provocó que tuviera que ser sustituido por su compañero Joaquín Martín Canivell. Este tuvo que estudiarse la causa, para lo que acordó el aplazamiento de las comparecencias.Antes de este aplazamiento, el 6 de septiembre, fecha en que debían celebrarse las primeras declaraciones, HB manifestó que que no se presentaría ante el Tribunal Supremo. Para evitar esa actitud, el alto tribunal ordena ahora la detención automática de todo aquel que no se presente. Martín Canivell practicó algunas diligencias de trámite

el tiempo que estuvo de instructor, entre las que se cuentan el visionado de las tres cintas electorales de ETA en el Tribunal Supremo por representantes de la acción popular del PSE-PSOE y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y por un abogado de HB. También ordenó practicar traducciones de diversos documentos escritos en euskera.

El primero de los vídeos mostraba a varias personas encapuchadas y armadas explicando la alternativa KAS; el segundo es el que la coalición envió a Televisión Española para su emisión dentro de los espacios gratuitos de HB y en el que tres etarras encapuchados y armados explican los postulados de la banda. En el tercero aparece un gran cartel rojo con la palabra "censurado".

El primer día, 3 de febrero, han sido citados los dos principales responsables de la Mesa, Adolfo Araiz y Floren Aoiz. Éste reaccionó ayer de inmediato: HB ratifica su decisión de no atender las citaciones que provengan de los tribunales. "Si nos llevan, nos llevan, pero nosotros nosotros no nos vamos a presentar", señaló para indicar a continuación que "ni el Supremo ni ningún otro tribunal español es quien para exigir a ciudadanos vascos que expliquen el por que de sus razones y de sus actividades políticas".

"Nosotros no somos españoles", dijo el portavoz de HB, quien reiteró que "un tribunal español no tiene porque pedirnos cuentas de por qué reivindicamos la independencia o defendemos unas determinadas reivindicaciones políticas para Euskal Herria". "Nos llevarán por la fuerza, puesto que", dijo, "ello tienen la fuerza bruta y pueden recurrir a la violencia".