Ruiz-Mateos acude al banquillo 14 años después de la expropiación de Rumasa

José María Ruiz-Mateos y siete de sus colaboradores se sentarán hoy en el banquillo de los acusados para ser juzgados por los presuntos delitos que cometieron en Rumasa, expropiado por el primer Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Ruiz-Mateos está acusado de dos delitos de falsedad en documento mercantil. A sus colaboradores se les acusa de estafa, apropiación indebida, falsedad y diversos delitos monetarios. Para Ruiz-Mateos se piden 12 años de prisión y el pago de una indemnización, junto con los otros acusados, de 652.000 millones. En el juicio no está ya personado como acusación el Estado, principal perjudicado.

El fiscal del caso, Ignacio Gordillo, ha pedido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que Ruiz-Mateos continúe en prisión mientras se celebra el juicio. El informe del fiscal rechaza de esta forma el recurso de súplica interpuesto por el abogado del empresario, Marcos García Montes, contra la decisión judicial del día 2 de enero de encarcelar a su defendido para asegurar que asistirá al juicio que comienza hoy. Ni la Agencia Tributaria ni la Seguridad Social, que cobraron las deudas, están personados en el sumario al haberse retirado el Estado de la misma. En el momento de la expropiación, Rumasa registraba un déficit patrimonial de 260.000 millones, unas pérdidas acumuladas de 345.000 millones y unas deudas con terceros de un billón de pesetas. La factura para los contribuyentes, vía Presupuestos, se eleva a unos 700.000 millones.Después de 14 años de peripecias, fugas, retrasos provocados del juicio -renunció al abogado o se escudó en el acta de europarlamentario-, escenas que han pasado al anecdotario nacional y mucha confusión, Ruiz-Mateos se va a sentar en el banquillo acusado de cometer dos delitos de falsedad en documento mercantil.

Más delitos

No son los únicos delitos de los que está acusado por su gestión al frente de Rumasa (el juez Lerga le acusó en 1983 de otros delitos de estafa, fiscales y monetarios), pero son los únicos por los que puede ser juzgado en este momento debido a que Alemania, país del que fue extraditado en 1985, concedió la extradición por dos delitos, de falsedad, más uno de estafa. Este último fue retirado por la fiscal Carmen Tagle, cuyo escrito de calificación es el que defiende hoy el Ministeiro fiscal.

En el caso de que una vez celebrado el juicio, el empresario fuera excarcelado y permaneciera en España 45 días, podría ser juzgado por el resto de los delitos, entre ellos el de injurias al Rey, por los que fue procesado, si no hubieran prescrito.

Al margen del proceso por Rumasa, Ruiz-Mateos se enfrenta a otra querella en el juzgado número 37 de Madrid por un presunto delito de estafa a la Rumasa estatal mediante la falsificación de letras que supuestamente reconocían una deuda de 1.400 millones.

El empresario ha calificado el juicio de "pantomima". Afirma que desea un juicio "justo y en profundidad" en el que se investigue la legalidad de la expropiación de las más de 700 empresas de Rumasa (en realidad sólo estaban operativas 200) y el proceso de reprivatización que, oficialmente, ha costado 655.000 millones (contablemente, parte figura como recuperable).

Sin embargo, pese a los reiterados mensajes que Ruiz-Mateos ha lanzado apoyado en un potente aparato de propaganda y dossiers, el bagaje de resultados jurídicos favorables a sus tesis es magro hasta ahora. El Tribunal Constitucional ha rechazado en cuatro ocasiones los recursos interpuestos contra la expropiación por su supuesta inconstitucionalidad (sentencias de 1983, 1984, 1989 y 1991).

Además, en los ocho casos en los que ha cuestionado el proceso de reprivatización (Galerías, bancos, Hotasa, entre ellos) el Supremo ha fallado a favor del Estado y en el exterior ha recibido sentencias desfavorables en EE UU y Reino Unido.