El Tribunal Supremo decidirá si el 'caso Marbella' queda archivado

La Audiencia de Sevilla ha admitido el recurso presentado la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción contra la orden de archivo del caso Marbella. Esta decisión significa que el asunto será remitido al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si este caso, sobre el pago de 85 millones de pesetas que Jesús Gil hizo en 1986 para conseguir un mayor índice de edificabilidad en una finca de su propiedad en Marbella, se archiva definitivamente o si, por el contrario, continúa la investigación judicial.La Audiencia de Sevilla archivó el caso Marbella porque considera que los delitos que se investigan, prevaricación y cohecho,. están prescritos. La Sección Cuarta argumentaba que no tenía el "menor sentido seguir un procedimiento que no va a tener viabilidad alguna". También explicaba que era "absurdo seguir un proceso penal para exigir una responsabilidad criminal" que se sabía extinguida "por el transcurso del tiempo".

La orden de archivo de la Audiencia de Sevilla fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que denunció el caso a finales del mes de junio de este año. La Fiscalía Anticorrupción entiende que los delitos que se investigan no están prescritos y que tribunal ha aplicado de forma incorrecta el artículo 112 del Código Penal, que trata sobre la extinción de la responsabilidad penal.

Imputados

En la causa que ahora queda en manos del Tribunal Supremo están imputados el consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía en 1986, Jaime Montaner; Antonio Prieto, administrador de varias campañas electorales del PSOE; el abogado cordobés José Salinas y su hijo Rafael Salinas, padre y hermano respectivamente de José Miguel Salinas, que en 1986 era vicepresidente del Gobierno autonómico, así como su cuñado Higinio Garrido. También estaban implicados los empresarios Antonio Lappi y Emilio Martín, quienes, según la Fiscalía Anticorrupción, cobraron algunos de los cheques que Jesús Gil pagó para obtener beneficios urbanísticos.La Policía Judicial de Sevilla estaba investigando hasta la fecha en que se ordenó el archivo el destino de varios de los cheques de Jesús Gil y de los que aún se ignora su destino. La juez que estaba investigando el asunto, María Antonia García Montes, había ordenado el rastreo de las cuentas de los imputados, así como sus datos fiscales, o de sus empresas. Una vez que se supo que la Audiencia de Sevilla había archivado el caso Marbella, el PSOE devolvió el carné del partido a Montaner y Prieto y José Miguel Salinas, apartados de esta formación cuando saltó el asunto a la luz pública.