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El juez militar deniega la entrega de las cintas incautadas a Perote

Jesús Palomino, el juez militar que investiga la sustracción de documentos del Cesid por parte del coronel Juan Alberto Perote, ha denegado a la juez Ana María Pérez Marugán, que investiga las supuestas escuchas irregulares realizadas por ese centro entre 1984 y 1991, la entrega de las cintas y documentos incautados a Perote en su celda. Palomino argumenta que esas cintas y documentos forman parte de una investigación secreta.La juez Pérez Marugán, a petición de la acción popular que ejerce el empresario José María Ruiz Mateos, pidió las cintas y documentos encautados a Perote que se refirieran a escuchas telefónicas.

Pérez Marugán ya se había dirigido antes a Palomino para pedirle una carta, también incautada a Perote, del Ministerio de Defensa remitida al Cesid y firmada por Julián Rodríguez Calero, aceptando una oferta comercial por unos receptores de escuchas por más de 47 millones. La juez intentaba averiguar si con estos receptores se podían seleccionar llamadas antes de 1991, clave en el sumario.

En el escrito remitido ahora por el Juzgado Militar, según informa Europa Press, éste se muestra dispuesto a colaborar con la juez en todo lo posible. Sin embargo, no adjunta las cintas y documentos solicitados porque se encuentran unidos a unas actuaciones declaradas secretas. Pérez Marugán deberá decidir ahora si insiste o no en su petición.

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Por otra parte, el pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo se reunirá el próximo día 20 de enero para estudiar si accede, a la petición del fiscal de que un grupo restringido de magistrados examine los papeles del Cesid antes de su desclasificación, informaron a Efe fuentes del alto tribunal.Así se recoge en una providencia dictada ayer por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Ángel Rodríguez, y que está en trámite de notificación al fiscal y al resto de las partes personadas en este proceso.

El día 20 los magistrados verán si admiten, entre otras pruebas, la requerida por el fiscal de pedir al Gobierno los documentos del Cesid para que sean estudiados por varios magistrados de la Sala antes de decidir si se debe solicitar su desclasificación, como piden los jueces que instruyen sumarios relacionados con los GAL. Si la sala tercera admite esta prueba, tres magistrados verán los documentos, que en ningún momento constarán en autos judiciales, y a continuación se deberá decidir la convocatoria de un nuevo pleno para pronunciarse, sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si se pide al Gobierno la desclasificación de los papeles del Cesid reclamados. Si no se admite esta prueba, también tendrá que reunirse el pleno para determinar si finalmente requiere la desclasificación de los documentos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de diciembre de 1996

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