El Tribunal Supremo se plantea sentar en el banquismo a más de 30 acusados por el 'caso Filesa'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estudiará el jueves la lista definitiva, de acusados que serán juzgados por el caso Filesa, que investiga la presunta financiación irregular del PSOE. El número de acusados podría superar los 30, con lo que se acercaría a los 36 imputados en su día por el juez Marino Barbero. El auto podría cuestionar las facultades del juez instructor, Enrique Bacigalupo, para limitar el juicio a los inculpados que reclaman las acusaciones y aplicará la prescripción para los delitos electorales o falsedades en documento mercantil que afectan a algunos acusados.

Entre las personas que, según la agencia Efe, serán juzgadas por presunta financiación irregualr del PSOE, se encuentran el ex secretario de finanzas del partido Guillermo Galeote; la ex coordinadora de finanzas Aida Álvarez; y los gestores directos de Filesa, el senador Josep Maria Sala y el ex diputado del PSOE Carlos Navarro, así como Luis Oliveró y Alberto Flores.Respecto a los banqueros Emilio Ibarra, José Ángel Sánchez Asiaín, Alfonso Escámez y José Antonio Sáenz de Azcúnaga, los jueces aún tienen que decidir para quiénes han prescrito los delitos de falsedad en documento mercantil presunta mente cometidos, aunque pare ce improbable que se acaben sentando en el banquillo.

El auto que decretará finalmente quién se sienta en el baquillo podría conocerse el próximo viernes, según fuentes de la Sala, y será firmado por el presidente, José Augusto de Vega, y los magistrados Ramón Montero y Luis Román Puerta. Los dos primeros han buscado la unanimidad a toda costa.

La lista final se confeccionará partiendo del máximo de 36 inculpados por el juez Barbero y enumerando los diversos delitos de los que se acusa a los inculpados por parte del Ministerio Fiscal, el Partido Popular, el empresario José María Ruiz Mateos y el constructor Christian Jiménez. El segundo instructor del caso, Enrique Bacigalupo, encontró indicios tan sólo contra siete inculpados, mientras que la petición del fiscal se refería a 26 personas.

A partir de ahí, se irán deduciendo los delitos a los que puedan alcanzar las prescricpciones. Con el nuevo Código Penal, el plazo de prescripción del delito de falsedad documental y del delito electoral se han reducido de cinco a tres años, pero hay que computar en qué momento se interrumpió la prescricpción, ya que no todos los acusados comparecieron al mismo tiempo.

Posible prescripción

La principal dificultad estriba en que el juez Marino Barbero, que abandonó la causa al final de la instrucción, hizo declarar a miembros del PSOE, empresarios y banqueros, primero como testigos y, después, en una segunda ronda, como imputados, El plazo de prescripción se interrumpe a partir de la imputación, por lo que en general la prescripción beneficiará en mayor medida a los últimos que fueron citados como inculpados en el procedimiento.Las fuentes consultadas por Efe indicaron que el hecho de que se abra juicio oral para una treintena de acusados no implica que se dicte una sentencia condenatoria, ya que hay numerosos elementos en la instrucción del juez Barbero que podrían ser motivo de nulidad.

Esta nulidad, referida a los registros llevados a cabo por ese juez en bancos y empresas, se planteará al principio del juicio oral, al igual que se hizo en el caso Naseiro, que instruyó precisamente Luis Román Puerta Luis, uno de los magistrados que juzgarán Filesa. De estimarse la nulidad de pruebas, el tribunal podría decidir suspender el juicio o resolver sobre la nulidad en la misma sentencia.

El pasado enero, las partes recurrieron el auto del instructor Enrique Bacigalupo, al considerar que el magistrado pudo extralimtiarse en sus funciones, ya que, en opinión del fiscal, es el acusador quien debe ponderar si podrá mantener sus imputaciones en el juicio.

Por otra parte, peritos de Hacienda ratificaron ayer ante la juez Teresa Chacón, que investiga cuatro presuntas tramas de financiación ilegal del PSOE desglosadas del caso Filesa, que la empresa Siemens pagó unos 1.000 millones por las obras del AVE a empresas de personas vinculadas al PSOE. La diligencia se inició tras presentarse en el juzgado dos escritos que contradecían el informe pericial: uno ordenado por la actual dirección de Renfe a la empresa Typsa, en el que se reflejaba que los sobrecostes aceptados en las obras del AVE son "proporcionados"; y un segundo del ex director general de Infraestructura de Transportes Ferroviarios, Antonio Alcaide Pérez, que busca demostrar su nula participación.