Un problema en Bissau

Veintiuno de los 103 inmigrantes africanos expulsados el pasado junio por España permanecen varados en Guinea Bissau y pueden seguir durmiendo en una celda si la situación entre ambos países no se desbloquea. Así lo afirma en Madrid Fernando Gomes, que hoy recibe el premio internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de, España (APDHE) como presidente de la Liga Guineana de Derechos Humanos (LGDH). "Ellos no quieren vivir en Bissau, y sienten que España tiene la responsabilidad, pues les expulsó de forma dishumana e ilegal", asegura Gomes. Eran 103 africanos que habían llegado a Melilla tras inconcebibles odiseas, huyendo de situaciones insufribles y con la esperanza en un mundo mejor. En Melilla se vieron confinados durante meses. Realizaron un plante ante la Delegación del Gobierno que acabó con cargas policía les y heridos. El Gobierno fue contundente: se les trasladó a Málaga, se les metió en aviones militares y, drogados con haloperidol para que no alborotasen, se les transportó a Camerún, Senegal, Mali y Guinea Bissau. "Había un problema y se ha solucionado", dijo Aznar. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reconoció posteriormente que la operación no era "el modelo a seguir", pero no asumió ningún fallo. José María Michavilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, calificó el asunto de "menor".

A la capital Bissau llegaron 50 y son ahora 21, según Gomes. Uno de ellos, nigeriano, murió a tiros de la policía -"fue un asesinato premeditado", señala Gomes- durante una manifestación que montaron para protestar por su situación. Cada noche, añade, duermen en una celda 14 cameruneses, dos liberianos y otros originarios de Ruanda, Mali, Togo, Burkina Faso y República Centroafricana.

"El Gobierno de Guinea Bissau, hace tres semanas", dice Gomes, "ha emitido por la televisión un comunicado en el que asegura que España ofreció pagar 2.000 dólares [unas 260.000 pesetas] por cada uno de ellos, pero que Marcos Vega [asesor de Interior] no cumplió la promesa.

Gomes aporta su visión personal: "En octubre pasado me entrevisté sobre el tema con el jefe de gabinete de Mayor Oreja, Gustavo de Arístegui, y con Marcos Vega. Arístegui prometió que el Gobierno español iba a arreglarlo todo de inmediato, y Vega llegó incluso a decirme: 'Antes de que llegues a Guinea Bissau, ellos ya estarán en sus países". Marcos Vega estaba ayer ilocalizable, según fuentes de Interior, en El Cairo. Arístegui ha comentado a este periódico: "Marcos ha estado allí varias veces para pagar la manutención e incluso la salida de esos chicos. Pero ellos le vieron como un Papá Noel que era una auténtica mina. Y ya se puede decir: si los expulsados no han salido de allí, sospechamos que es porque el ministro guineano del Interior se embolsó el dinero que entregó Marcos".

Arístegui califica a Gomes de "opositor declarado al régimen" y le acusa de haber instigado a los deportados a la manifestación que culminó con la muerte de uno de ellos. "Les decían que, si protestaban, España les readmitiría". Sobre los 2.000 dólares que España estaría dispuesta a pagar por deportado, Arístegui afirma: "Eso viene de que, cuando Marcos Vega logró que los cameruneses del grupo obtuvieran el, permiso de salida de Bissau, sucedió que, a pie de avión, los guineanos les incitaron a pedir esa cantidad a Marcos y, si no se las daba, se quedaban. Y se quedaron".

El secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí-Fluxà, dijo ayer en el Congreso de los Diputados que en Guinea Bissau hay siete deportados, y que el Gobierno de aquel país es culpable de la demora en repatriarlos. Martí añadió que no se ha pagado ni una peseta a ningún país para que admitiese a expulsados, y que de los fondos reservados sólo puede hablar el ministro en la Comisión de Secretos Oficiales.

El galardonado por la APDHE insiste en que se resuelva el problema: "Apelo al Gobierno español a asumir sus responsabilidades".