El acuerdo sobre el carbón deberá esperar

El Protocolo Eléctrico liberaliza el abastecimiento de materias primas para la producción de electricidad, con el fin de facilitar la competencia y abaratar los costes. La excepción es el carbón nacional. Las contundentes protestas del sector de la minería en Asturias y León y la reacción en contra dentro del propio PP ante el anuncio del cierre de Hunosa han abierto una vía para que la regulación que incluía el protocolo sobre el carbón nacional quede aparcada para una negociación posterior.

Pero el mismo texto recoge que, progresivamente, las eléctricas podrán dejar de comprar carbón nacional. Esta materia prima, hasta ahora subvencionada, tiene baja calidad energética, cuesta mucho y desestabiliza la futura competencia, según las empresas eléctricas. Una tonelada de carbón se cotiza en el mercado intemacional entre 10.000 y 15.000 pesetas, mientras que el carbón español de Hunosa cuesta más de 36.000 pesetas.

Con independencia de esta negociación, el Protocolo Eléctrico prevé incentivar las compras de carbón nacional. La factura de los próximos diez años será, de 300.000 millones de pesetas. Esta cantidad forma parte de los llamados "costes de ineficiencia" o compensaciones que, para el conjunto de las empresas, ascienden a 1,988 billones de pesetas.

El protocolo incentiva la competencia en la generación y la competencia en la comercialización de la electricidad y liberaliza, al mismo tiempo, el acceso a la red de transporte. Para ello, se prevé la transformación de Red Eléctrica Nacional (REDESA) en una sociedad propiedad del conjunto de las empresas eléctricas, en partes proporcionales al uso que las empresas hagan de ella, es decir al volumen de electricidad que logren comercializar.