El Gobierno portugués prepara un proyecto contra la corrupción en el fútbol

La reciente avalancha de denuncias por corrupción en el fútbol portugués ha provocado una inmediata reacción del Gobierno de Lisboa que pretende regenerar el actual clima deportivo. El Ejecutivo socialista que- preside Antonio Guterres ya ha elaborado un proyecto de ley que castiga duramente las denominadas quiebras de la ética deportiva: los dirigentes de los clubes estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, los árbitros tendrán que revelar anualmente sus rendimientos y patrimonio, y incluso será sancionado con la máxima severidad el dopaje.Este proyecto, que será aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, prevé asimismo inhabilitaciones de hasta 10 años para todos aquellos dirigentes involucrados en casos de corrupción y duras sanciones contra los árbitros que acepten regalos o préstamos de los clubs, hecho hasta ahora no penalizado en Portugal. El Gobierno pretende también alterar significativamente el régimen jurídico de la federación con el objetivo de dotarla de mayor poder sancionador para que controle de forma real la gestión de los clubes.

Precisamente la Policía Judicial portuguesa ha detectado estos días graves irregularidades financieras en la gestión del Benfica que serán trasladadas al fiscal general del Estado para que abra la correspondiente investigación judicial. Según la Policía Judicial, el Benfica disponía desde hace años de una doble contabilidad que le servía para evitar el pago de impuestos a Hacienda. La mayoría de los clubs portugueses, entre ellos los tres grandes (El Oporto, Benfica y Sporting de Lisboa), han presionado insistentemente al Gobierno para que autorizara el desvío a los equipos del total de los beneficios de la quiniela con el fin de reducir sus deudas a Hacienda y a la Seguridad Social. El fútbol portugués vive actualmente una situación de "guerra abierta" que enfrenta a dirigentes, árbitros, políticos y magistrados.

La sucesión de sospechas y denuncias de corrupción han provocado la apertura de investigaciones de la UEFA y la FIFA, alarmadas ante la gravedad de los datos. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido intervenir.