Úrculo telefoneo al presidente de la sala cuando los magistrados debatían si citaban a González

El fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, intentó hablar el lunes con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Augusto de Vega, mientras este y los otros nueve magistrados debatían si se citaba en el caso GAL al ex presidente del Gobierno Felipe González. Hacia las once de la noche, una agente judicial abrió la puerta, pidió perdón por interrumpir y, dirigiéndose a De Vega, dijo que el fiscal general del Estado deseaba con urgencia que el presidente de la sala le llamara por teléfono. La insólita petición causó perplejidad entre los magistrados. Tras superar la sorpresa, De Vega contestó: "¡Ni hablar!". Añadió que no hablaría con nadie hasta terminada la deliberación.

Fuentes de la Sala Segunda aseguraron a este diario que el intento de Ortiz Úrculo de hablar con De Vega fue la única "pequeña perturbación" de una deliberación que se produjo con exquisitez jurídica y en un ambiente de distensión y cordialidad.Magistrados de ambos bandos agregan que la momentánea interrupción en nada afectó al curso de las deliberaciones, aunque algunos la comentaron durante la inmediata cena frugal, la base de sandwiches, tortilla de patatas y vino de Rioja, con los comensales en pie y en un ambiente que permitió que se llegaran a contar chistes", según relata uno de los participantes.

Los 10 magistrados se percataron del intento de Ortiz Úrculo de comunicar con De Vega en plena deliberación y algunos de ellos resaltaron su inoportunidad, pero no atribuyeron al fiscal general del Estado intención alguna de influir en el debate.

Por su parte, Ortiz Úrculo aseguró ayer ante los micrófonos de Radio Nacional que llamó a De Vega porque entendió que la "cortesía procesal" obligaba a que él se enterase del resultado de la deliberación antes que los medios de comunicación. Por eso, explicó, telefoneó al presidente de la Sala Segunda cuando le pareció conveniente." [De Vega] No se podía poner, porque estaba en deliberación, por eso le pasé una nota para que hablara conmigo y no enterarme por los medios de comunicación", dijo Ortiz Úrculo.

Deber de "no interferir"

Varios magistrados han relacionado la pretendida conversación con De Vega con la nota hecha pública por la Fiscalía General del Estado el día de la vista y en la que, entre otras cosas, se decía: "En este asunto, a estas alturas y en estas circunstancias, el fiscal general del Estado, señor Ortiz, ha creído un deber no interferir con su particular criterio (...) La presente decisión no condiciona otras distintas que, de existir nuevos elementos a tener en cuenta, puedan adoptarse a lo largo de la instrucción de esta causa aún no concluida".

La nota oficial fue duramente criticada el martes por políticos y juristas (véase EL PAÍS de ayer). Entre estos últimos, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), minoritaria en la carrera, calificó de "insólito" el "ofrecimiento de explicaciones" y manifestó su desconcierto ante la actitud de Ortiz Úrculo, quien "se siente, al parecer", decía la UPF, "en la necesidad de justificarse por no haberse apartado del criterio unánime de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo".

La UPF señaló que, si Ortiz Úrculo discrepaba del fiscal del caso, "debió, por su autoridad y bajo su responsabilidad, obligar a éste a rectificar". Y añadía: "Y si no lo hizo, debe asumir como suya la actuación de su subordinado. El criterio particular del fiscal general no le interesa a nadie". Otras fuentes jurídicas indicaron que si Ortiz no asumía el criterio de los fiscales del Supremo, debió hacerse cargo del caso y presentarse en la vista pública para solicitar la imputación de González.,

Ortiz Úrculo contestó ayer a las críticas con unas declaraciones a Antena 3 TV: "Mi opinión ha sido respetar el criterio que ya seguía el Ministerio Fiscal, y éste consideraba que esas acusaciones [las de Ricardo García Damborenea contra González] en sí mismas eran vagas y que no había una prueba suficientemente fuerte como para pedir los suplicatorios que se discutían (...). A lo mejor, no hay ningún otro dato o a lo mejor surge algún dato. Es eso lo que yo quería decir, pero eso lo están diciendo todos los medios porque eso es una realidad. No he descubierto nada nuevo". Más tarde, ante los micrófonos de Radio Nacional reiteró sus motivos para emitir la nota. "Pero claro, si se liga todo [la nota y su llamada a De Vega] y se interpreta en un sentido determinado, pues a lo mejor ha habido una nota equivocada por mi parte", admitió.

"Yo lo hago lo mejor que sé y que puedo", añadió. "Quizá mis actuaciones deban ser más reprimidas y prudentes en adelante".

Antes y después del intento de Ortiz Úrculo de conversar con De Vega, la discusión se centró en el alcance jurídico de la declaración de González. Para la mayoría, la opción de tomarle declaración como imputado, contra el criterio del instructor del caso, Eduardo Móner, se convertiría en la práctica en una inculpación, porque la investigación ya está terminada y la declaración en fase instructora no tendría utilidad, si no desencadena una inculpación. Desde la mayoría se argumentó que, si de lo que se trata es sólo de oír a un denunciado por otros, queda abierta la posibilidad de citar como testigo a González, si alguna parte así lo solicita, para que comparezca en la vista oral.

En cambio, desde la minoría se señaló que toda persona contra la que se hace la imputación de un hecho delictivo con características de no ser inaudito, inverosímil o imposible, debe ser oída. Y si una vez oída, queda clara su falta de relación con los hechos, su exculpación será mucho más consistente que la que cabe deducir de la negativa de la sala a que declare. En todo caso, el proyecto de resolución del ponente, Joaquín Delgado García, proponía la petición del suplicatorio, en previsión de que González resultara inculpado.