"La autonomía universitaria esta absolutamente devaluada"

Las aguas académicas universitarias del país estaban aparentemente tranquilas hasta que el pasado 4 de octubre, un rector joven, de una universidad joven, la de Alicante, lanzó una piedra directa al corazón del poder político en defensa de la autonomía universitaria. Andrés Pedreño, 42 años, se opuso a que el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, presidiera el acto de inauguración del curso académico. Zaplana, que desembarcó en el acto acompañado de la mitad de su Gobierno y más de un centenar de cargos, insistió en el derecho, derivado de su autoridad, a presidir. Pedreño, respaldado por otros seis rectores presentes y por su Junta de Gobierno se mantuvo tajante. Fue la gota final de un conflicto que llevaba meses larvado. El presidente valenciano ha anunciado la creación de una segunda universidad en Alicante. De la actual, que gobierna Pedreño, se desgajarían, para pasar a Elche, varios centros, incluida la emblemática Facultad de Medicina, la joya de la corona de la universidad, la que goza de mayor prestigio y medios. En el meollo del conflicto está el principio de autonomía universitaria y su sometimiento o no al poder político que es quien administra los dineros.Pregunta. Menudo revuelo que ha organizado, rector.

Respuesta. El equipo rector de esta universidad siempre ha intentado tener una magnífica relación con la Generalitat, e incluso este incidente, el de la apertura de curso, se podía haber evitado. Desde la universidad se transmitió a Zaplana que, en las circunstancias existentes, de conflicto en la interpretación de la autonomía universitaria, la universidad entendía que no debía ceder algo que tenía su simbolismo, un modestísimo simbolismo puesto que los medios a nuestro alcance son muy pocos. Pero era un gesto del que la universidad no quería prescindir. Estábamos reafirmando, en un acto académico, algo que es importante, no sólo para la Universidad de Alicante, sino para el conjunto de la universidad española y así lo han entendido muchos rectores.

P. De ser un rector desconocido para la mayoría de los españoles se ha convertido en un banderín de enganche de la autonomía universitaria.

R. Yo no creo que sea un banderín de la autonomía universitaria. Si lo soy es gracias a la generosidad de mis compañeros que quieren ver en Alicante un primer precedente realmente preocupante. Sin criterios territoriales y científicos, el poder político no puede desmembrar, desvertebrar, no sé qué calificativo utilizar que no suene excesivamente dramático, una universidad. En definitiva, la autonomía universitaria, pese a que tiene, rango constitucional, está absolutamente devaluada. En países más avanzados no tiene rango constitucional, pero ningún Gobierno coge una universidad consolidada y sin que medien principios que lo justifiquen, territoriales o científicos, toma una decisión que afecta a la identidad de esa universidad. Y eso es lo que estamos defendiendo.

P. Parece como si la universidad que estaba bastante paralizada se movilizara y esta vez por arriba... ¿Cómo ha vivido el apoyo masivo de los rectores?

R. Es estimulante pensar que la defensa de los principios vuelve a ser importante en la universidad española. Y sin aspirar, ni mucho menos, a nada, porque soy un modestísimo rector, esta defensa es Ia que me ha dado fuerza, pese a la debilidad de la autonomía universitaria, ya que somos muy vulnerables ante la dependencia financiera que tenemos de los poderes públicos. En ese contexto, la defensa de un principio tiene un coste muy importante.

P. ¿Cómo calificaría esta actitud del presidente Zaplana, de prepotencia, ignorancia o simplemente falta de democracia?

R. No la voy a calificar. El problema básico es que hay un proyecto de ley en el Parlamento valenciano que pretende la segregación de determinados centros de la Universidad de Alicante, en contra de la opinión de la universidad. Y el hecho es, que si el legislador tiene esta capacidad la tiene ahora y la tendrá dentro de cinco años. Así que podría darse la circunstancia de que la Facultad de Medicina, cada cuatro años, dependiendo de la alternancia política, podría estar adscrita a la Universidad de Alicante o a la de Elche, según las preferencias o simpatías políticas de los poderes públicos. Y las universidades no pueden resistir esto, necesitan estabilidad, solidez en su estructura, planes científicos y docentes.

P. ¿Tan importante es para ustedes la Facultad de Medicina?

R. Hay muchas joyas de la corona en la Universidad de Alicante: Ciencias, Economía.... Ésta es una universidad muy joven, nació en 1979, pero muy competitiva y con grupos de investigación muy capaces. Sin duda, la Facultad de Medicina tiene unos equipos de investigación excelentes y su segregación rompería el principio de solidaridad.

P. Pero Medicina ha votado desgajarse de Alicante y pasar a Elche.

R. Nosotros no tenemos ningún conflicto con Medicina, vemos incluso humano que digan que sí a la nueva universidad porque no podemos ofrecerles los atractivos incentivos que les ha ofrecido el Gobierno en dotaciones de profesorado y medios. Yo veo hasta excesivo que un 45% haya dicho que no, porque son unas condiciones espléndidas. Además, una parte del equipo que ha realizado el nuevo plan es parte integrante de Medicina. No es nada significativo que una decisión de este tipo rompa en dos mitades a la Facultad de Medicina, un 55% es partidario del cambio y un 45% se declara en contra.

P. ¿Qué pesa más en esa decisión de Elche, los intereses inmobiliarios -medio millón de metros cuadrados para actuar y 25.000 millones en cinco años- o la presión social de una población de medio millón de habitantes?

R. Cada uno debe explicar las razones que tiene para el proyecto: el Gobierno, los empresarios, los constructores. No quiero entrar en ese frente.

P. ¿Es realmente posible la autonomía universitaria de la que tanto habla cuando los dineros los administran los políticos?

R. Si la dependencia financiera de las universidades es muy acusada, únicamente conduce al servilismo. Por ello en una reciente reunión de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas se ha pedido una ley de mínimos en este sentido. Y lo mismo que hay un decreto que regula la creación de nuevas universidades, y deja muy claro que hace falta un numero mínimo de titulaciones o de doctores, también sería bueno fijar un mínimo financiero que pueda hacer posible una subsistencia básica de las universidades.

P. El presidente de la Diputación de Castellón, cuya universidad, mantiene otra trifulca de competencias con la Generalitat, decía el otro día que "quien paga manda", y algunos rectores también opinan así.

R. Quien paga manda efectivamente, y los estudiantes pagan sus tasas. Esto no quiere decir que la Administración pública no deba poner exigencias. Un poder público, a mi juicio, puede exigir a una universidad que alcance unas cotas de calidad, o unos resultados de investigación, para tener mayor financiación; o poner en marcha un tipo de titulaciones demandadas por el sector privado. Estaríamos dando así cierta coherencia a ese principio.

P. ¿Es cierto que usted dice a los íntimos que ahora lo que le pide el cuerpo es dimitir?

R. En estos momentos sería muy fácil, pero es evidente que cuando te metes en este cargo la única dimisión posible es la que me puede plantear mi comunidad académica. Yo me debo a ellos y sólo puedo admitir sus presiones.

P. Si el proyecto de ley de la Generalitat se aprueba, ¿lo recurrirá por inconstitucional, como sugería el rector Peces Barba?

R. Se llevará a la Junta de Gobierno y si decide que hay que recurrir, recurriremos.