Sostiene Gómez
SOSTIENE GÓMEZ de Liaño que en España hay una "crisis de legalidad". Con las sorprendentes palabras pronunciadas en Santiago de Compostela, el juez instructor de la Audiencia Nacional contribuye a generar la misma crisis cuyas causas pretende denunciar, directa o indirectamente. En nada contribuye así a la imagen de imparcialidad a que debe aspirar todo juez en beneficio de su actividad profesional.Sólo en el marco de sus autos y resoluciones prohíbe la Ley Orgánica del Poder Judicial a los jueces la crítica a los otros poderes del Estado. Pero no en la actividad social de los magistrados, a quienes, en democracia, como a los demás ciudadanos, les asiste el derecho a la libertad de expresión. Y pesé a, que los usos de la moderación prevengan a los políticos criticar a un juez.Pero una cosa es su derecho y otra la responsabilidad y la prudencia de un juez ante sus pronunciamientos en sociedad. Ambas le han faltado a Gómez de Liaño. Más aún en su caso, como juez instructor de la Audiencia Nacional, ya que, dadas las características de esta institución -hoy discutida-, sobre sus integrantes se concentra un poder que puede servir de plataforma hacia la notoriedad social para los que la busquen. Y sin duda Gómez de Liaño, por su trayectoria, la busca.
Sostiene Gómez de Liaño que hay en España "un gigantesco sistema de corrupción que afecta a la política, la Administración de justicia, las economía y las finanzas". En su discurso sobre esta visión castastrofista de la situación española, que compara con Francia e Italia, Gómez de Liaño va más allá de los casos concretos que haya podido conocer en su función jurisdiccional. Sin duda se basa para sus juicios en los casos cono cidos. Pero también insinúa la existencia en la prensa de "matarifes de las palabras" que van contra los jueces, y en particular contra él. Todo juez, incluso en su actividad social, debería dejar las insinuaciones en su casa y basar sus- acusaciones -ya sean de carácter general o particular- en pruebas o indicios suficientes.
Sostiene Gómez de Liaño la "vacuidad del papel del Parlamentó". Pero la justicia no se debe plantear en confrontación con otros poderes del Estado. Con resultar todo esto grave, más lo es que Gómez de Liaño dé la sensación, como algunos otros jueces, de querer proyectar una alternativa judicial desde su, discurso de salvador, que contrapone al de los políticos democráticamente elegidos: No llega este intento a un "gobierno de los jueces". Pero desde la sombra este discurso va deslegitimando la política en democracia.
Si todas estas cautelas han de exigirse generalmente a los jueces, más aún deben tomarse por parte de un magistrado que llegó como instructor a la Audiencia Nacional -hace apenas ocho meses- renunciando, inexplicablemente, a la categoría superior que le correspondía y cuando circulan insinuaciones que le atañen por el hecho dé que un hermano suyo, abogado, forme parte del entramado que rodea a Mario Conde. Con lo que sostiene y las propias dudas que suscita, Gómez de Liaño contribuye, pues, a la crisis de la legalidad. ¿Pero qué es lo que sostiene a Gómez de Liaño?
