Las encuestas

Leemos en los medios de comunicación que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha decidido eliminar en sus encuestas algunas preguntas de carácter político. La actual presidenta del centro, Pilar del Castillo, al parecer, es la responsable de la decisión. Nos preguntamos, con indignación y perplejidad, acerca de los motivos que han llevado a esta institución a adoptar semejante resolución. Se alega, por parte del CIS, que la supresión de estas cuestiones responde a la intención de crear un ambiente de mayor serenidad. ¿Qué tiene que ver la serenidad con la supresión -con apariencia de censura- de tales preguntas? ¿Se pretende sugerir que la sociedad española no es lo suficientemente madura como para asumir con la tranquilidad pertinente los vaivenes de su situación social y política?No necesitamos un padre -en este caso una madre- que vele por nuestra serenidad. Ya somos mayorcitos y, afortunadamente, poseemos criterios firmes, educados y trabajados que nos permiten valorar con la necesaria sensatez lo que ocurre en este país, incluso en el delicado ámbito de las cuestiones públicas. En dos décadas de democracia hemos tenido tres tipos de Gobierno distintos -prácticamente la totalidad de los posibles- Sobra, pues, a nuestro entender, que nos restrinjan la información de índole política, que, por otro lado, siempre resulta interesante y necesaria para el desarrollo deseable y correcto de nues-

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tro sistema democrático. Además,- si tenemos en cuenta que el CIS es un organismo oficial -y en tanto que tal, debe ser considerado como un servicio público-, hemos de exigirle que cumpla con las tareas que, se supone son de su competencia. A saber mantener informados a los ciudadanos de la situación social del país -con todo lo que esto significa-. Obviamente, este campo incluye,. también y sobre todo, a la esfera política: ésta es la única manera de cumplir con el insoslayable derecho a la información de que gozamos los españoles. No sólo debemos ser informados con libertad desde los medios privados de difusión; los organismos públicos han de preocuparse con más rigor, si cabe, de defender nuestro derecho a ser debidamente informados. Por tanto, ¿quién es nadie para decidir si somos o no capaces de asimilar con serenidad cierto tipo de datos? ¿Consistirá la próxima medida en prohibir, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, no sea que no seamos capaces de asimilarlo con serenidad y, fruto de ello, nos zambullamos en las sendas del pecado? Por favor, colaboremos -también desde la Administración- para que el proceso (emprendido e imparable) de madurez de nuestra sociedad siga su camino con serenidad, pero libre-