La Fiscalía de la Audiencia Nacional, sometida a una inspección tras una reunión con Úrculo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está sometida desde el pasado jueves a una investigación a cargo de un equipo dirigido por el fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, y al menos otros dos fiscales. Los inspectores han caído en la fiscalía una semana después de que el nuevo fiscal del Estado, Juan Ortiz úrculo, mantuviese una tensa reunión con los fiscales de la Audiencia Nacional, a los que exigió un cambio de comportamiento ante los medios informativos. En sus últimas declaraciones, Ortiz Úrculo ha calificado el conflicto surgido entre estos fiscales como un "asunto interno", aunque prometió estudiarlo. "Si hay que hacer algo, se va a ver el resultado" y "el ciudadano se enterará" anunció hace 10 días.

De la reunión con el nuevo fiscal general del Estado ha trascendido que Ortiz Úrculo no se anduvo con paños calientes y que alguno de los fiscales del grupo conocido como los indomables pudo sacar la impresión de que va a ser observado con atención preferente. A diferencia de lo sucedido con su antecesor, Carlos Granados, no hubo convocatoria a horas intempestivas ni periodistas-sorpresa a la salida de la reunión, indicativos de lo poco que impresionaba a este grupo las actitudes dialogantes de sus jefes.Granados les había convocado la noche de un domingo para las ocho de la mañana de un lunes, con el evidente propósito de que la reunión no fuese detectada por los informadores. Pidió a los fiscales que dejasen de hacer manifestaciones a los medios informativos y les propuso que los escritos importantes destinados a los sumarios sensibles fuesen visados por el fiscal jefe. Los fiscales le replicaron que lo que les proponía era limitar su libertad de expresión, y en cuanto a los escritos, le emplazaron a que los firmara él si pretendía cambiarlos. Granados se encontró a la salida, como por casualidad, rodeado de periodistas.

En esta ocasión, la cita con Ortiz Úrculo fue un jueves y no en la Audiencia Nacional, sino en la Fiscalía del Estado, y a lo que parece hubo para todos. Desde entonces los fiscales mantienen una actitud distinta. Por ejemplo, Jesús Santos, el fiscal del caso Lasa-Zabala. Cuando consiguió meter en prisión al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, Santos salió del juzgado y ofreció una improvisada conferencia de prensa en la que explicó, largo y tendido, las pruebas que le habían llevado a reclamar la cárcel para el ex jefe del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa).

El pasado viernes, al terminar la declaración del ex jefe del Cesid en el mismo sumario, Santos se escabulló por una escalera de los informadores que le preguntaban si había pedido también la prisión de Emilio Alonso Manglano. "¿Prisión?", exclamó como si fuera la primera vez que se hubiera pedido en la Audiencia.

El jueves, una semana después de la reunión con Ortiz Úrculo, cayeron por la Audiencia Nacional el fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, seguido por los fiscales José Luis Bueren y Fausto Cartagena. Subieron a la tercera planta, donde está la fiscalía, y empezaron a requerir papeles. Martínez Zato apenas comentó que se trataba de una inspección "ordinaria", puesto que hacía dos años que no se había practicado ninguna en la Audiencia. Durante ese tiempo sólo han sido inspeccionadas algunas actividades concretas de los fiscales, como la de Jesús Santos a raíz de la excarcelación por transcurso del plazo máximo de prisión preventiva del comando Matalaz de ETA, de la que este fiscal quedó exonerado.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía del Estado informaron que no existe ninguna actuación disciplinaria contra el fiscal Pedro Rubira por la negativa de éste a cumplir las órdenes de Carlos Granados, anterior fiscal general.

Desobediencia

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, transmitió por escrito a Rubira las órdenes de Granados en el sentido de que pidiese una fianza para que el general Rodríguez Galindo pudiese salir en libertad. La desobediencia de Rubira al mantener su petición de prisión, tan solo matizada por su "no oposición" a que fuera el tribunal el que acordase la fianza, provocó un fuerte escándalo. Hasta el presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó su preocupación por la desatención a unas órdenes impartidas en el seno del ministerio fiscal.El incumplimiento por los fiscales a unas órdenes recibidas de sus jefes está tipificado alternativamente como falta grave o muy grave en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De haberse considerado falta grave la actuación de Rubira, ésta estaría a punto de prescribir al transcurrir casi tres meses desde la fecha del informe, el 31 de julio, plazo que finaliza, por tanto, el 31 de octubre. De apreciarse como falta muy grave, el plazo de prescripción es de seis meses.

Fuentes del Ministerio Fiscal creen que Ortiz Úrculo, que se ha negado a comentar el caso alegando que son "asuntos internos", dejará correr el plazo hasta su prescripción, ya que de lo contrario ha tenido tiempo suficiente para iniciar actuaciones disciplinarias, tomando como base el informe sobre los hechos que ordenó su predecesor en el cargo.

En otro orden de cosas, el fiscal jefe antidroga, Enrique Abad, ha solicitado su traslado a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, vacante desde la muerte de su fiscal jefe, Miguel Ibáñez. De atenderse su petición, quedaría vacante la Fiscalía Antidroga.