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El PSOE navarro dice que no encuentra rastros de su supuesta cuenta suiza

Anabel Díez

La inspección del PSOE no ha encontrado rastros que indiquen que dinero de las cuentas en Suiza de Gabriel Urralburu y Javier Otano fuera a parar al partido en Navarra. La dirección federal contradice así las declaraciones de Otano, ex presidente navarro, según el cual, si abrió una a su nombre y al de su esposa fue por orden de su predecesor, Urralburu, por si, la formación necesitaba gastos excepcionales. Aunque el equipo de administración del PSOE no ha hallado transferencia alguna ni pagos extraordinarios, sí ha comprobado "notabilísimas carencias y dejaciones en el ejercicio de las funciones del comité regional y de la comisión revisora de cuentas" del PSN-PSOE.

Cinco miembros del PSOE, encabezados por el secretario de Administración y Finanzas, Francisco Fernández Marugán, y el asesor jurídico, Francisco Virseda, han estado durante un mes en Navarra buscando en la contabilidad del PSN cualquier ingreso o gasto extraordinario sin justificar entre 1984 y 1996. Esta inspección fue ordenada por la comisión ejecutiva federal cuando se descubrió la existencia de una cuenta en Suiza a nombre de Javier Otano y su esposa con ocasión de las investigaciones judiciales sobre el caso Roldán, trama de percepción de comisiones en la que también figura Gabriel Urralburu.Este trabajo ha producido un informe pormenorizado de 60 folios que fue estudiado ayer por la comisión permanente del PSOE y que Fernández Marugán explicó por la tarde en Pamplona a los miembros de la gestora que dirige hoy el PSN, ya que desde Madrid se pidió a la anterior ejecutiva que dimitiera al estallar el caso Otano.

Los socialistas navarros respiraron con alivio al leer el dossier, una de cuyas conclusiones es: "De todo lo investigado y examinado ( ... ), se constata que no han existido relaciones de financiación entre el PSN-PSOE y los ex militantes [Otano y Urralburu] cuyas actividades han determinado el presente informe". Personas que han participado en la indagación dan por supuesto que no ha habido transferencias de Suiza a Navarra porque las cifras de las que se habla, 500 y 200 millones de pesetas, necesariamente dejarían rastro.

Aunque el informe le exonera en su conjunto de ingresos ilícitos, el disgusto en el PSN está asegurado porque el rapapolvo de la dirección federal es contundente al haberse encontrado anomalías y "chapuzas", en palabras de uno de los investigadores. "En muchas ocasiones se han detectado carencias documentales no justificadas, máxime si se tiene en cuenta que su archivo y conservación era necesario para la adecuada confección de cualquier expediente de gasto o ingreso, de forma que en determinados supuestos resulta muy difícil mantener la continuidad de la secuencia económica", se dice.

Libros oficiales

Los inspectores son algo benévolos respecto al periodo 84-89, dado que no era obligatorio llevar libros oficiales de contabilidad. Tras la promulgación de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, en 1987, sí debieron existir, pero no en todos los casos se llevaron de forma exhaustiva.El comité regional y la comisión revisora de cuentas del PSN no salen, desde luego, bien librados: "Se observan notabilísimas carencias y dejaciones en el ejercicio de las funciones que estatutariamente tienen conferidas y necesariamente deberán ser corregidas en el futuro, especialmente en materia de aprobación de los presupuestos y posterior control de la ejecución de los mismos".

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La inspección no tiene dudas, y así lo refleja en el informe, de que el meollo de la cuestión no despierta recelos: "Los ingresos tienen su origen en recursos reglados procedentes de las transferencias de las instituciones forales, siguiéndoles en importancia las cantidades remitidas por la comisión ejecutiva federal y, en último lugar, las cuotas de los militantes".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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