Una de las empresas privadas de multas pierde su contrato por falsear notificaciones

Para Felipe Fernández, subdirector de EDS, las irregularidades se derivan únicamente "del volumen de trabajo" e incide especialmente en las condiciones laborales impuestas por Servico. "Estamos trabajando porque se haga con más sentido común de lo que se hacía. Esos señores [en referencia a los notificadores] no han podido hacer su trabajo porque no tenían suficientes garantías en su propia casa", afirma el subdirector de EDS.Servico, que también notificaba tributos para el Ayuntamiento, exigía previo al contrato un aval de 50.000 pesetas. El salario, situado por la propia empresa en unas 75.000 pesetas, oscilaba según los objetivos conseguidos, abonando como media 50 pesetas por multa gestionada, incluyendo la corrección de datos erróneos. Si el multado estaba ausente al notificar la sanción, el pago era cero pesetas (ver EL PAÍS del pasado día 23).

"EDS tiene previsto mantener a los notificadores contratados por Servico que han realizado el trabajo correctamente", aclara Felipe Fernández. Éste considera que el número estimado por la subcontrata, 200, son suficientes para realizar el trabajo.

Tanto PSOE como IU recordaron ayer que la subcontratación se autorizó sin su apoyo y pidieron una vez más al equipo de Gobierno municipal que rescinda el contrato con EDS. Tanto Enrique Tierno, concejal socialista, como Franco González, de IU, se preguntaban sobre quién va a responder ante los ciudadanos por las irregularidades.

El pliego de condiciones del contrato del Ayuntamiento con EDS estipula que ésta es responsable de todo el proceso y considera falta grave "actuar con falsedad manifiesta en el procedimiento notificador", sancionándose con multas de 200.000 a 10.000.000 de pesetas. Pero Pedro Bujidos, que ha suspendido la notificación de tributos con Servico, afirma que hay "dificultades jurídicas" para establecer las sanciones. "Ha sido una empresa subcontratada la que ha cometido la infracción y el contrato es con EDS" afirma Bujidos. "Somos responsables efectivamente, pero el Ayuntamiento primero nos tiene primero que demostrar que ha sido una falta grave y, después, si procede sanción o no procede", manifiesta al respecto Felipe Fernández.

La actitud de la empresa ha sido criticada por Franco González: "Aquí no responde nadie. Ya sabemos que ante una irregularidad la empresa no va a responder". La Asociación para la Defensa Contra los Abusos de la Circulación presentó ayer una queja ante el Defensor del Pueblo por dejación de las funciones públicas por parte del Ayuntamiento.