Rajoy advierte a municipios y autonomías que les obligará a la congelación salarial

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, advirtió ayer a los ayuntamientos y comunidades autónomas que el Gobierno anulará los convenios privados a los que puedan llegar con sus empleados públicos para saltarse la norma básica de congelación salarial de la función pública decidida por el Ejecutivo. El ministro de Administraciones Públicas hizo esta advertencia en coincidencia con la decisión del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), gobernado por los socialistas, de subir un 5% el sueldo de sus empleados públicos para 1997. El ministerio ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional a las administraciones que incumplan la norma presupuestaria.

Mariano Rajoy no expuso en su intervención ante la Comisión de Interior y Función Pública del Senado el procedimiento que utilizará el Gobierno para hacer cumplir a ayuntamientos y comunidades autónomas la norma básica de congelación salarial, pero el secretario de Estado de Administración Pública, Francisco Villar, adelantó que se presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional. La toma de postura de Rajoy se produce después de que el ayuntamiento de Getafe (Madrid) decidiera subir un 5% el sueldo de sus funcionarios. La firmeza del ministro puede enfriar cualquier intento de otros ayuntamientos con finanzas saneadas -incluso del PP- de imitar al de Getafe.El ministro argumentó una vez más ante la comisión del Senado que las razones de la congelación salarial de los funcionarios públicos se encuadran en los Presupuestos austeros que ha elaborado el Gobierno para afrontar la lucha contra el déficit público. Recordó que el Gobierno ha bajado en un 10% el capítulo de gastos corrientes y sólo ha aumentado las partidas de pensiones, sanidad y transferencias a entes públicos.

Desde la oposición se expresaban ayer serias dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno lleve adelante la advertencia que ayer dirigió Rajoy a ayuntamientos y comunidades autónomas. "Los ayuntamientos tienen muchos procedimientos para camuflar subidas salariales", manifestaron fuentes socialistas. Existe el precedente de la congelación salarial que acordó el Gobierno de Felipe González que fue desbordada por procedimientos como terceras pagas o suplementos extraordinarios.

El ministro anunció también que habrá oferta de empleo público para 1997, pero será "restrictiva y selectiva", Se limitó a precisar que la oferta de empleo, que se publicará en febrero, será de un 25% aproximadamente de las necesidades de reposición de funcionarios por bajas vegetativas y jubilaciones. La única excepción a esta norma afectará al Ministerio de Defensa ya que, según admitió el ministro, en 1997 se darán los primeros pasos para avanzar hacia un ejército profesional.

Proyecto para un año

El ministro anunció que el próximo 8 de octubre comenzará la negociación del Estatuto de la Función Pública con los sindicatos, con la intención de remitir el texto a las Cortes el próximo año. Según Rajoy, el proyecto pretende "dar coherencia global a la Administración, flexibilidad dentro de la carrera administrativa, desarrollo de los principios generales de la función Pública y separación de la carrera funcionarial de los contratados".El proyecto regulará también los criterios para seguir la carrera administrativa, el estudio de¡ sistema retributivo, la solución negociada de los conflictos, las relaciones entre las distintas administraciones, la definición de las categorías administrativas, los derechos basados en la negociación colectiva y un amplio régimen de incompatibilidades.

Mariano Rajoy excluyó del Estatuto de la Función Pública a los colectivos que tienen normas específicas como el personal militar y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los funcionarios de las Cortes Generales y los órganos constitucionales; jueces y magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia y personal funcionario que no recibe retribuciones con cargo al presupuesto de las Administraciones Públicas. También precisó que esta norma es general, pero que las comunidades autónomas mantendrán un margen de actuación y que algunos cuerpos de funcionarios, como los docentes, pueden contar con sus propias normas.

El senador socialista Juan Antonio Arévalo expresó sus dudas sobre la decisión del Gobierno de ampliar a 70 años la edad de jubilación de los funcionarios, anunciada por el Gobierno hace unas semanas. El ministro Rajoy confirmó que esta decisión era optativa para los funcionarios que lo deseen.