Todos los sindicatos de la función publica se unen en contra de la congelación salarial

El acuerdo de unidad sindical fue suscrito ayer por las ocho centrales más representativas entre los empleados públicos de los distintos organismos, pero en los próximos días recibirá más apoyos. Habrá nuevas reuniones con las organizaciones sectoriales de Sanidad -incluidos los médicos-, enseñanza, bomberos, correos y aquéllas que cuenten con representación de los trabajadores en los distintos niveles de la Administración pública, central, autonómica y local. La mayor parte: de estos sindicatos ya se han pronunciado a favor de las movilizaciones. La confederación vasca ELA-STV también asistió a la reunión pero dejó la firma pendiente hasta que lo ratifique su dirección,

En el manifiesto elaborado durante la cumbre sindical se expresa "un rechazo unánime" a la propuesta del Gobierno de congelar las retribuciones de los dos millones de empleados públicos en 1997, que supondrá. un ahorro de 200.000 millones. Los ocho sindicatos dan un argumento principal: "Supone un atentado gravísimo contra el derecho a la negociación colectiva, en la medida en que rompe el acuerdo Administración sindicatos de 1994 vigente hasta finales de 1997 y pone en cuestión todos los acuerdos y convenios que tienen vigencia en 1997 en las comunidades autónomas y corporaciones locales, así como otros sectoriales, con la desvirtuación que esto supone de las reglas del juego democrático".

Debido al incumplimiento de esos acuerdos por parte del Gobierno central. -a excepción del firmado con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM)-, los sindicatos van a. pedir la convocatoria del Consejo Superior de la Función Pública. En él están representados ayuntamientos y comunidades autónomas, y la intención es pedirles que manifiesten su opinión sobre la decisión del Gobierno central. Carlos Sánchez, dirigente de CC OO, afirmó: "Ellos han firmado convenios que presumiblemente quiere ilegalizar el Gobierno. Quienes den más del cero patatero serán sancionados a través de las transferencias o subvenciones".

Pérdida de poder adquisitivo

Enrique Alonso, dirigente del sindicato independiente CSICSIF, se mostró convencido de que hay políticas contradictorias dentro del PP: "Se están firmando acuerdos para 1997 con una subida salarial del 3,7% y revisando los incrementos de 1996 con un 0,8% adicional en Aragón, Madrid, Asturias y unos cuantos ayuntamientos".

Todas las centrales sindicales consideran "injusta" la congelación salarial, porque supone ahondar en la pérdida de poder adquisitivo que se ha aplicado a

este colectivo durante cinco años -incluido 1997- y que les ha supuesto una merma del poder de compra del 11,2%. En 1993 hubo congelación y en 1994 se elevó sólo el 1%.Como rechazo a esa medida, los funcionarios van a movilizarse con el objetivo de que el Gobierno rectifique "antes de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales". De momento, hay dos fechas señaladas en ese calendario de protestas. El próximo 30 de septiembre, el día que el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, presentará los Presupuestos en el Parlamento, habrá concentraciones de empleados públicos ante las Delegaciones del Gobierno y los distintos Gobiernos Civiles. Esos actos de protesta se harán a las 12.00 horas y, en el caso de Madrid, la protesta se hará ante la sede del Ministerio de Economía. Para el 15 de octubre y también de forma sincronizada- a las 19.00 horas- se realizarán manifestaciones en toda España.

Ésa será sólo una primera fase de movilizaciones, según Carlos Sánchez, "para enterrar el sentimiento de resignación". Si el Gobierno no incrementa sus salarios, el 17 de octubre habrá una nueva reunión de todos los sindicatos para analizar el resultado de las protestas y decidir "otras de mayor calado".

Entre ellas barajan una huelga de todo el sector, pero según anunció Julio Lacuerda (dirigente de UGT) habrá otras medidas de protesta, como el trabajo a reglamento o recomendar "la congelación del consumo" por parte de los dos millones de empleados públicos. Aunque no se haga esa recomendación, las centrales creen que la congelación de las retribuciones de los funcionarios tendrá un efecto muy negativo sobre la demanda interna, ya que están afectados dos millones de empleados y sus familias.