Los sindicatos echan el primer pulso al Gobierno por la congelación salarial de los funcionarios

Los sindicatos de funcionarios acudirán hoy a una extraña reunión negociadora. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, les comunicará formalmente que sus salarios permanecerán congelados a lo largo de 1997, una decisión profusamente anunciada. Y el Gobierno se encontrará con la oposición tajante de las centrales: CC OO y UGT ya han decidido iniciar una cadena de movilizaciones y barajan las fechas del 30 de septiembre y el 15 de octubre, así como protestas posteriores mientras se debatan los Presupuestos en el Parlamento. Esa convocatoria de protestas la van a discutir con CSIF, ELA-STV, CIG, USO, CGT y sindicatos sectoriales de enseñanza, sanidad y policía. La independiente CSIF anunció ayer que "denunciará jurídicamente al Gobierno" si mantiene su decisión. El presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo ayer el el Parlamento, contestando a una pregunta del grupo de IU, que la política de moderación salarial y la congelación del sueldo de los funcionarios son elementos fundamentales para que España pueda cumplir los criterios de convergencia.

Los sindicatos de funcionarios intentaron ayer ser cautos con las fechas de las movilizaciones. Hasta hace apenas unos días esperaban que el Gobierno les presentase una oferta con un aumento salarial moderado en torno al 1,5%. Ayer todavía dejaban abierta la posibilidad de que en la reunión de la mesa de la función pública haya hoy alguna sorpresa. Si no la hay, y el ministro de Administraciones Públicas ratifica que los salarios de los empleados públicos se congelarán durante el próximo año, los sindicatos hablarán abiertamente de las movilizaciones que van a emprender.

Dos millones de empleados

El Gobierno quiere aplicar esa congelación salarial en la Administración central y hacerla extensiva a la autonómica y local. En total, dos millones de empleados públicos que han visto contenidos sus salarios a partir de 1993. Desde entonces, e incluido 1997, han perdido un 11% de poder adquisitivo.

Por esa razón, CC OO y UGT han decidido abrir la confrontación con el Gobierno el próximo día 30, la jornada en que, tradicionalmente, el ministro de Economía presenta los Presupuestos Generales en el Parlamento. Ese día habrá "un acto sorpresa", acompañado de concentraciones y actos reivindicativos en todas las provincias. Fuentes sindicales han asegurado que también tienen prácticamente cerrado realizar el 15 de octubre una gran manifestación en Madrid y otras similares en las capitales de provincia. Esos actos de protesta se irán preparando en las asambleas en los centros de trabajo que empiezan mañana mismo.

Las protestas no quedarán ahí y, si en el curso del debate parlamentario no se modifica la congelación salarial, proseguirán las movilizaciones del sector. El líder de CC OO, Antonio Gutiérrez, respaldaba ayer esa respuesta y hablaba de "una movilización sostenida": "El daño que se puede hacer a los empleados públicos debilitando el servicio no se puede saldar con un día de protestas".

La decisión la han tomado CC OO y UGT, pero en cuanto hoy tengan confirmación oficial de la subida pero, se reunirán con el resto de los sindicatos con representación en la Administración, en la sanidad, la enseñanza y la policía para que las movilizaciones sean conjuntas.

El sindicato CSI-CSIF de momento ha hecho público que presentará una demanda judicial contra el Gobierno si éste mantiene su anuncio de congelar el salario de los funcionarios el próximo año. En concreto, la confederación considera que la congelación salarial supondría volver a convertir a dos millones de trabajadores en "chivos expiatorios de la crisis", provocando un injusto desequilibrio de rentas. CSIF asegura que la política salarial impuesta desde 1993 ha provocado que cada funcionario haya aportado al Estado entre 500.000 y 1.250.000 pesetas. Además, si el Gobierno mantiene su propósito y hoy lo comunica en la mesa de la función pública, CSIF convocará movilizaciones que se prolongarán hasta diciembre.

También el sindicato vasco ELA-STV rechaza la congelación salarial. El responsable de servicios públicos de esta central, Patxi Agirrezabala, afirmó que en 1997 deben negociarse los convenios de 77.000 funcionarios de sanidad, Ertzaintza, educación y administraciones autonómica, foral y local, para los que ELA no admitirá la congelación salarial.