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La reina convoca un consejo de familia para discutir el futuro de la Casa de Windsor

El príncipe de Gales y el duque de York se unieron ayer al resto de la familia real británica en Balmoral, residencia de verano de la reina Isabel II en Escocia, para tomar parte en conversaciones sobre el futuro de la Casa de Windsor en las que participan varios asesores privados de la reina y el príncipe heredero. La reunión del grupo, que se conoce con el nombre de Way Ahead ("camino adelante") fue anunciada hace unas cuatro semanas por la prensa sensacionalista británica y confirmada por el palacio de Buckingham. La agenda de la reunión incluye cambios en las leyes sucesorias y en la financiación de la monarquía.

En el grupo figuran junto a los príncipes y su hermana, la princesa Ana, la reina Isabel y su esposo, el duque de Edimburgo. En cuanto a los asesores, se sabe que el grupo incluye al secretario del príncipe Carlos, Richard Aylard; el secretario privado de la reina, Robert Fellowes; el conde de Airlie, responsable de las relaciones de la Corona con la Cámara de los Lores, y Michael Peat, que con trola los gastos de Isabel II.La tarea del grupo -que se formó en 1992, annus horribilis para la Casa de Windsor- es acomodar la vetusta Monarquía británica a los nuevos tiempos, a las puertas del tercer milenio y de un recambio en el trono. La pérdida de respetabilidad y apoyo popular de la Corona tras los últimos escándalos sentimentales de los jóvenes Windsor no auguran una fácil sucesión a Isabel II. Por este motivo, el príncipe de Gales, heredero de la Corona, es uno de los abogados de la modernización real que se concreta en cinco puntos esenciales. En primer lugar, modificar las leyes sucesorias permitiendo que el hijo mayor, con independencia de su sexo, herede la Corona. En segundo lugar, la pretensión del grupo es abolir la ley de 1701 que impide a un rey británico casarse con una católica. Junto a estos dos puntos, el príncipe pretende renunciar a su condición de defensor de la fe, título asociado al de gobernador de la Iglesia de Inglaterra. El cuarto punto de la reforma es el que aboga por una reducción de la familia real, despojándola del peso innecesario que representan los miembros secundarios.

Pero es al quinto punto al que la sociedad británica parece haber concedido especial importancia. Es el que se refiere a la reforma de la financiación de la Casa de los Windsor. El grupo Way Ahead estudia una transformación esencial, hasta el extremo de que ha sido considerada como una especie de privatización de la Monarquía. Los Windsor estudian retomar el control del patrimonio real, cedido por el rey Jorge III en 1760 al Parlamento, a cambio de los fondos de la Lista Civil que recibe la Monarquía. Si se tiene en cuenta que anualmente la reina -y, a través de ella, tres miembros de la familia real- recibe unos 1.800 millones de pesetas para afrontar sus gastos en calidad de jefe del Estado, y que el patrimonio real asciende a 2.200 millones de libras (casi medio billón de pesetas), se comprende el escepticismo con que ha sido acogida la noticia.

Otro asunto inminente es el eventual matrimonio del príncipe tras su divorcio de la princesa de Gales. La prensa británica aseguraba ayer que la reina ha dado toda clase de seguridades al primer ministro, John Major, sobre lo infundado de las especulaciones sobre la boda de Carlos con Camilla Parker-Bowles. La reina aseguró a Major, que pasó el fin de semana en Balmoral en calidad de invitado real, que el príncipe está decidido a mantener su amistad Con Camilla dentro de los límites de la máxima discreción.

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