Quienes promuevan una manifestación pagarán los daños que causen los particípantes

Los destrozos que casi rutinariamente causan en las ciudades y pueblos del País Vasco jóvenes proximos a HB y ETA deberán pagarlos los promotores e instigadores de sus algaradas. Así lo dispone el anteproyecto de ley de videovigilancia, que hoy aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros. El texto, consensuado entre el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y su homólogo vasco Juan María Atutxa, endurece la ley Reguladora del Derecho de Reunión, de 1983, y la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Corcuera, de 1992, para atajar la violencia urbana.

La polémica sobre el anteproyecto de Ley Orgánica por el que se Regula la Utilización de Videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Lugares Públicos, como se denomina oficialmente, se ha centrado en la posible violación del derecho a la intimidad y la propia imagen por las cámaras.Sin embargo, su mayor eficacia radica probablemente en dos artículos que nada tienen que ver con el objeto central del proyecto. Son las disposiciones adicionales, cuarta y quinta, que endurecen notablemente el régimen de sanciones, previsto en la legislación vigente para los promotores de manifestaciones ilegales o violentas.

La disposición cuarta señala que Ias personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones, responderán de los daños que los participantes causen a terceros", aunque luego intenten resarcirse cobrando a su vez a los autores directos de los destrozos.

Hasta ahora, la responsabilidad civil sólo podía exigirse a los organizadores de una manifestación cuando hubieran "omitido la diligencia razonablemente exigible para prevenir el daño causado"; lo que raramente puede demostrarse.

Aval del Consejo de Estado

El Consejo General del Poder Judicial, en su dictamen del proyecto, puso reparos a este precepto, alegando que, "en derecho sancionador, no cabe una responsabilidad de tipo objetivo". Sin embargo, el Consejo de Estado ha avalado la tesis del Gobierno, con el argumento de que "no se trata de responder subsidiariamente del pago de una sanción, sino de los daños causados a terceros por los manifestantes que debieron vigilar".El texto aborda también uno de los obstáculos con que tropieza la persecución de la violencia callejera: la imposibilidad de identificar a los promotores de los altercados que, con frecuencia, se producen en el curso de manifestaciones ilegales o convocadas por organizaciones no legalizadas, como la coordinadora KAS.

Para impedir que los responsables queden sin castigo la disposición quinta del proyecto señala: "También se considerarán organizadores o promotores quienes por las publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas.

Aquellos que "razonablemente" sean considerados inspiradores de una manifestación no sólo tendrán que responder de los daños materiales que causen los participantes, también podrán ser sancionados con una multa de hasta cinco millones de pesetas, prevista en Ley Corcuera para las infracciones graves, si la reunión fuese ilegal o los responsables no hubieran adoptado las medidas pertinentes para su "adecuado desarrollo".

El proyecto sobre videovigilancia incluye una nueva causa de infracción grave que no contemplaba la Ley de Seguridad Ciudadana: "la negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público", cuando así lo ordene "Ia autoridad competente".