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EL " CASO GAL"

El fiscal aprecia delito en dos guardias por espiar a Txofo

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, ha informado al juez Javier Gómez de Liaño de que los dos agentes de la Guardia Civil que supuestamente vigilaron a Pedro Miguéliz, Txofo, uno de los principales testigos en el caso Lasa-Zabala [asesinato de dos presuntos etarras], incurrieron en un delito de obstrucción a la justicia. Así lo refleja el informe entregado al magistrado por el fiscal sobre la actuación de los agentes Daniel Carvajal y Francisco Javier Muñoz.En el mismo escrito, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional afirma que recae en esta institución la competencia para investigar tales hechos, por lo que no es necesario remitirlos a un juzgado de San Sebastián, lugar donde ocurrió el supuesto espionaje. Previsiblemente hoy, el juez Gómez de Liaño decidirá si imputa a estos agentes de la Guardia Civil este delito y si remite su instrucción o no a los juzgados donostiarras.

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El incidente se produjo el 24 de agosto, cuando Txofo y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáureguí comían en un restaurante donostiarra. Ambos comensales sostienen que fueron grabados en vídeo por los citados guardias, del servicio de información, hecho negado tanto por ambos agentes como por su superior, el coronel Dámaso Alonso, quien calificó de casual la presencia de ambos subordinados en aquel lugar.

"Caso Oñederra"

Por otro lado, la fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la petición de la defensa de los generales Andrés Cassinello y Enrique Rodríguez Galindo de que el juez Baltasar Garzón, responsable del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, decline su competencia en la instrucción del asesinato del etarra Ramón Oñederra en favor del juez. Ismael Moreno, titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.En la vista de este recurso de apelación, el abogado de Cassinello, Antonio Bernal, argumentó que el juez Ismael Moreno debe continuar la instrucción, ya que fue quien abrió en 1986 las primeras diligencias. Bernal se apoyó en que Moreno, en 1986, interrogó a guardias civiles del cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo sobre estos hechos y acumuló datos sobre el modo en que se perpetró el atentado de Oñederra e incorporó pruebas de balística de la munición empleada a las diligencias que abrió por entonces. Por el contrario, el fiscal sostuvo que Moreno sólo investigó un delito de simulación de delito contra el ex guardia José María Vázquez Soriano, quien en 1986 confesó en una revista ser autor del asesinato de Oñederra.

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