El Tribunal de Justicia de Baleares reanuda mañana las investigaciones, contra ex dirigentes del PP

El PP de Baleares aún no ha pagado la factura de haber protegido el transfuguismo político en diferentes ayuntamientos de Mallorca, en el Consell de Menorca y en el Parlamento balear durante las dos anteriores legislaturas. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares reemprenderá mañana la investigación sobre la supuesta participación de la antigua cúpula del partido conservador en el único ejemplo corrupción política ya sentenciado en firme por la Audiencia de Baleares y el Tribunal Supremo: el caso Calviá, el intento de soborno con 100 millones, en 1992, a un concejal del PSOE por el que se condenó a dos militantes del PP y un comisionista.El ex presidente de Baleares y del PP, Gabriel Cañellas, y el ex diputado nacional y ex consejero regional Francisco Gilet figuran como imputados en la reapertura del caso al haber sido señalados por uno de los condenados en el soborno como directores y conocedores de la maniobra transfuguista. Uno de los militantes reos - condenados a una multa de 100 millones y cuatro meses de cárcel - acusó ante el juez a Gilet y Cañellas al sentirse abandonado por el PP, quien no le abonó la multa ni asumió sus supuestas responsabilidades.

La operación del Ayuntamiento de Calviá, revelada por el propio edil socialista que grabó en cinta a los sobornadores del PP, pretendía forzar un cambio de alcaldía en el rico municipio turístico, que hubiera pasado del PSOE al PP mediante el voto comprado del pretendido tránsfuga. El control institucional 'conservador de Calvià, segundo municipio de Mallorca. por peso político y económico, hubiera desencadenado grandes expectativas urbanísticas en la zona, de acuerdo con los textos de los jueces que instruyeron y sentenciaron este caso .

Crisis y sospechas

El PP afronta el nuevo curso político sin un liderazgo estable, con la polémica interna fruto de tres sucesivas crisis en la presidencia autonómica y con las ex primeras figuras de la organización bajo sospecha, imputadas en asuntos judiciales por presunta corrupción. El sumario del caso Sóller, de presunto cobro de comisiones ilegales por el PP en 1989 a cambio de la concesión de una obra pública, está sin cerrar y sigue pendiente de definición el ya citado del caso Calvià. Cañellas y el ex secretario general y actual consejero José Antonio Berastáin, principales dirigentes del PP insular durante más de una década, están relacionados en el plano de las responsabilidades políticas en ambos sumarios.El magistrado Javier Muñoz, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, reemprenderá mañana la toma de declaraciones a condenados y a los nuevos implicados en la trama delictiva no juzgada del soborno de Calvià. Gilet ha negado las acusaciones del condenado Andrés Bordoy, ex vicepresidente del PP de Calvià, actitud que mantiene también Cañellas.

Uno de los aspectos que la Justicia verificará en breve es si es cierto que, como asegura un arrepentido, los letrados que asistieron a los militantes del PP implicados cobraron sus minutas con fondos que les entregaron personas vinculadas a la cúpula insular del PP. Este punto motivará una de las primeras diligencias de esta semana al haber sido librado por el juez de su secreto profesional el abogado de Bordoy, Jaime Qués.