La Ley del Menor exigirá responsabilidades penales a partir de los 12 años

Los menores tendrán responsabilidades penales a partir de los doce años, según el borrador de la nueva Ley del Menor que prepara el Ministerio de Justicia. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que se titula Principios y líneas generales de la futura ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, ha sido supervisado por el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, según confirmaron fuentes del PP.El anuncio de esta modificación coincide con el de que el próximo Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ley que regulará la instalación de videocámaras de vigilancia en las calles y, simultáneamente, otra que endurecerá las responsabilidades económicas de los padres de jóvenes que causen destrozos. Ambas medidas han sido aplaudidas por el Gobierno vasco ante los graves incidentes, callejeros que se registran en Euskadi y que tienen como protagonistas a menores.

El borrador de la Ley del Menor señala que los 12 años son "la edad mínima a partir de la cual, aunque haya delito, no podrá haber ninguna reacción penal", y razona que "una edad inferior (10-11) supondría una extensión injustificada del control penal", mientras que "una edad inferior (10, 11), supondría una desrresponsabilización ficticia de los menores, negativa para su propio proceso de socialización y difícilmente tolerable y comprendida por el resto de la sociedad".

El texto consta de diez páginas y establece una distinción entre menores de 12 a 15 años y jóvenes de 16 y 17, y establece tratamientos diferenciados tanto en las penas como en las medidas de seguridad que se apliquen en ambos casos.

Para los menores se proponen tres tipos de medidas privativas de libertad: reclusión en centros, internamiento en centros terapéuticos y arrestos de fin de semana. En cuanto a otras medidas preventivas, se establece la amonestación, la libertad vigilada, los servicios en beneficio de la comunidad, el tratamiento terapéutico en ambulatorio y la custodia por una persona, familia o institución familiar.

Todas estas penas y sanciones tendrán, según el borrador, una duración máxima de dos años.