Control de Audiencia
LAS DECLARACIONES del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en las que acusa a algunos fiscales de la misma de actuar como un grupo de presión y movidos por intereses personales no deberían caer en saco roto. En primer lugar porque son acusaciones graves. Pero también porque, al margen de lo bien o mal fundadas que estén, son un síntoma que, unido a otros, revela una preocupante situación del tribunal en cuyas manos están algunos asuntos judiciales de enorme trascendencia pública. Alguien debería intervenir. Pero la absurda situación de interinidad de la Fiscalía General dificulta la intervención que parecería más obvia.Aranda mantiene -viene haciéndolo desde hace al menos un año- que en la Audiencia existe un foco de poder autónomo integrado por tres o cuatro fiscales que han protagonizado -con el incondicional apoyo de un sector de la prensa, pudo haber añadido- actuaciones insólitas: plantear peticiones colectivas de investigación (papeles de Laos), cuestionar decisiones jurisdiccionales de otros tribunales, desobedecer órdenes transmitidas por vía jerárquica. Todo ello, en nombre de la función de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" que la Constitución atribuye al ministerio fiscal. Pero con manifiesto olvido de que tal función ha de realizarla "conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica".Prescindir de este segundo aspecto significaría convertir al ministerio fiscal en un poder autosuficiente y sólo responsable ante sí mismo. Afirmar que el límite de su actuación lo marca el "principio de legalidad" -que el propio ministerio fiscal tutela y en parte define equivale a concederse licencia para campar por sus respetos. La experiencia italiana, en la que, frente a una clase política corrupta, unos fiscales endiosados por su incesante presencia en los medios se convirtieron en árbitros de la vida nacional, investigando a quien autónomamente decidieron, con o sin denuncias previas, con o sin indicios racionales de criminalidad, constituye un contraejemplo característico., Por supuesto que hay personas muy influyentes que consideran admírable ese modelo, de acreditada capacidad desestabilizadora; pero tiene la dificultad de qué es diferente al establecido por la Constitución: el principio jerárquico es consustancial al equilibrio querido por la Carta Magna. En virtud del mismo, los fiscales dependen del fiscal general, y éste responde ante el Ejecutivo. Y el Ejecutivo responde ante el Parlamento.
Lo de menos es si el desencadenante de la actitud denunciada por Aranda fue, como sostiene éste, su actitud en la querella contra Mario Conde. Cualquiera que sea el motivo, lo evidente es que la Audiencia Nacional transmite una imagen de confusión incompatible con la función jurisdiccional. Si los fiscales se consideran autorizados para saltarse el principio jerárquico, y son aplaudidos por ello como héroes de la libertad de expresión, qué menos que un juez -que no está sometido a ese principio- encuentre normal interrogar sobre documentos secretos a quienes los conocen en función de su pertenencia a la comisión parlamentaria de secretos oficiales. Que esa posibilidad no haya sido descartada airadamente por los propios parlamentarios -a los de IU parece gustarles la idea- demuestra el deterioro a que se ha llegado. Por supuesto que ello es consecuencia de la judicialización de la política, y ésta, de la incapacidad de algunos políticos -socialistas- para asumir en tiempo hábil responsabilidades políticas evidentes; pero lamentar esa falta de celo de los políticos no equivale a convalidar el exceso de celo de jueces y fiscales en terrenos que no son los suyos.
La Audiencia Nacional fue creada fundamental mente para la instrucción y juicio de las causas por delitos de terrorismo (aunque también de narcotráfico y delitos monetarios), cuya naturaleza excedía el ámbito de una audiencia territorial. Aunque no siempre se reconozca, al concentrar esas causas, de gran proyección pública, en una única audiencia extraterritorial se pretendía reforzar su independencia respecto a climas de opinión locales y otras formas de presión. Lo que tal vez no se previó fue que esa misma proyección se convertiría en un atractivo para ciertas personas. En todo caso, no parece exagerado esperar de unos jueces en cuyas manos están ahora asuntos de evidente trascendencia política una discreción que evite cualquier sombra de duda sobre su receptividad a presiones ajenas al derecho. Conspiran contra esa aspiración no sólo las actitudes de los fiscales denunciadas por Aranda, sino las extravagantes decisiones del juez Moreiras -fianzas disparatadas que encogen con la lluvia, encarcelamiento-excarcelación fulminante de Mario Conde-, y ciertos episodios no sólo inexplicados, sino literalmente inexplicables, como el descubrimiento por Garzón en la celda de Perote de los papeles robados al Cesid. El desconcierto del fiscal jefe lo comparten muchos ciudadanos.
